* En el marco del inicio del ciclo escolar 2020-2021, atípico por la pandemia de Covid-19

Oaxaca Juárez, Oaxaca.- La educación a distancia ha colocado en una situación de mayor desigualdad a las poblaciones en condiciones de marginación, tanto en el ámbito urbano y más aún, en las zonas rurales habitadas históricamente por pueblos indígenas, advirtió la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

En el marco del inicio del ciclo escolar 2020-2021, atípico por la pandemia de Covid-19 que mantiene cerradas las escuelas de todos los niveles educativos en todo el país, señaló que es urgente que la estrategia educativa implementada para este ciclo escolar sea incluyente y tome en cuenta las carencias sociales y de infraestructura que presentan diversos sectores de la población.

Además, que el Estado brinde múltiples opciones y no una estrategia única, lo que permitiría atender las distintas realidades que existen en el país y hacer eficaz la propuesta educativa.

En este sentido, el órgano autónomo sostuvo que los recursos en materia de infraestructura digital y telemática de la que disponen las niñas, niños y adolescentes en el estado son desiguales y, por lo tanto, se requieren medidas y acciones adicionales y complementarias por parte del Estado para aquellas poblaciones que no cuentan con esos medios.

De igual forma, recordó que el ejercicio efectivo del derecho a la educación no solo tiene que ver con una adecuada transmisión de contenidos, sino también, cómo se construyen éstos y la pertinencia cultural de los mismos, pues en muchas de las ocasiones dichos contenidos son ajenos a las realidades de las personas, particularmente en entidades como la nuestra con una presencia importante de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Recalcó que resulta necesario que aun en las condiciones extraordinarias que plantea la pandemia, la estrategia educativa para el ciclo escolar debe garantizar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad y aquellos que se encuentran en situación de migración o tránsito, mediante sistemas de apoyo, estrategias de comunicación y contenidos accesibles.

Para el caso de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en casas hogar o centros de cuidado alternativos, resulta fundamental generar las condiciones para que puedan recibir los contenidos educativos, además de revisar las medidas especiales de protección dictadas promoviendo la vinculación familiar cuando sea posible y siempre que esta medida no sea contraria a su interés superior, resaltó el organismo.

Y es que, producto del confinamiento, para evitar la propagación de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, la escuela se trasladó a los hogares desde finales de marzo de este año, por lo que millones de niños, niñas y adolescentes se han visto obligados a continuar su formación telemáticamente.

En este sentido, la Defensoría apuntó que un reto fundamental para que la estrategia sea eficiente e integral es la de lograr fortalecer y dotar de herramientas pedagógicas a las personas que están a cargo de las niñas, niños y adolescentes.

Dijo que llegado el momento, la medición del rendimiento académico debe realizarse tomando en cuenta las desigualdades que se registraron desde el inicio del confinamiento en la entidad, a la par de establecer estrategias a futuro para subsanarlas.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), únicamente el 20 por ciento de la población en Oaxaca cuenta con una computadora y un 23 por ciento con conexión a Internet.

De acuerdo con el Panorama Educativo de la Población Indígena 2015, elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el analfabetismo en los pueblos indígenas alcanza el 19.2 por ciento de la población y entre los hablantes de una lengua originaria se eleva a 25.1 por ciento.

Las estadísticas, indicó la DDHPO, reflejan el problema histórico del sistema educativo relacionado con las desigualdades, así como la insuficiente protección del derecho a la educación no solo en cuestión de acceso, sino en la calidad de la enseñanza y en el entorno en que se imparte la educación.

El derecho a la educación es un derecho llave, puesto que es un canal para conocer y exigir el acceso a otras prerrogativas, de ahí la importancia que adquiere el que se garantice de forma adecuada y tomando en cuenta la diversidad cultural, económica, de infraestructura de las niñas, niños y adolescentes de la entidad, reiteró.

Por tanto y en el contexto actual, para la Defensoría resulta fundamental que se tome en consideración las distintas realidades sociales que presentan nuestros espacios comunitarios, y generar acciones complementarias a la sola trasmisión de contenidos educativos, pues de no hacerlo, se profundizarán las brechas y desigualdades sociales existentes.