* En el último lustro, la DDHPO ha abierto 273 expedientes relacionados con agresiones a periodistas

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La labor periodística y la información, ante el contexto de pandemia por Covid-19, permiten hacer justiciables derechos humanos como la salud y la vida, por lo que las agresiones contra las y los comunicadores, así como la desinformación, resultan preocupantes y dañan profundamente a la sociedad.

Así lo señalaron el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla y el director Regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, en el marco de la presentación del informe “C.O.V.I.D: Libertad de expresión e información durante pandemia de Covid-19 en México y Centroamérica”.

La actividad, convocada por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), contó con la participación de Diana Manzo, periodista oaxaqueña; Abigail Castellanos García, integrante del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción AC; Pedro Cárdenas, coordinador de Documentación y Seguimiento de Casos de Artículo 19 y Mayra López Pineda, coordinadora de Promoción y Transparencia de Artículo 19.

Rodríguez Alamilla agradeció la suma de esfuerzos entre organizaciones de defensa de periodistas como Artículo 19 y el propio gremio, ya que ello permite fortalecer las alianzas a favor de las y los comunicadores, en uno de los países que registra una alta incidencia de agresiones contra periodistas.

“El ejercicio periodístico y la libertad de expresión tienen funciones cruciales en las democracias, ya que proveen a la sociedad de información y generan un espacio plural de debate, así como para efectuar las denuncias de abusos de las autoridades, de ahí su importancia, puesto que realizan una labor de contención hacia las propias autoridades”, señaló.

Indicó que, en el último lustro, la DDHPO ha abierto 273 expedientes relacionados con agresiones a periodistas. La cifra, apuntó, deja de ser fría cuando entendemos que detrás de cada uno de estos casos está una persona, una familia, un intento perverso de silenciar a las y los comunicadores.

Entre los derechos más violentados en este periodo se encuentra el derecho a la libertad, prensa y opinión, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación y entre las agresiones más recurrentes están las amenazas, allanamientos, agresiones contra la vida, resaltó.

Asimismo, el defensor realizó un esbozo sobre las etapas de la pandemia: confinamiento, nueva normalidad y vacunación, mismas que han generado violaciones a los derechos humanos.

Entre ellos, destacó la falta de información culturalmente adecuada para los pueblos y comunidades indígenas, discriminación contra personal sanitario, cierres de accesos, y actualmente, la logística en materia de aplicación de vacunas.

En cada momento, afirmó, las y los periodistas son y han sido aliados naturales de la ciudadanía, como equilibrio del poder público y al oponerse a los abusos de autoridad, contribuyendo al buen funcionamiento del sistema democrático.

Por su parte, Maldonado Gutiérrez apuntó que el informe efectuado por la organización que representa, tiene hallazgos inquietantes a partir de cómo se ha gestionado y se han inhibido espacios de expresión y acceso a la información, en un contexto generalizado en donde es visible una disputa política por una narrativa respecto a la realidad.

Refirió que el año pasado se presentó la mayor cantidad de agresiones contra la prensa de la que se tenga registro, y buena parte de éstas -el 15 por ciento–, fueron cometidas en el marco de la cobertura de la pandemia.

Oaxaca, apuntó, figura como uno de los estados en donde más agresiones se tienen registradas, y esto es un reto institucional, por ello consideró, la Defensoría debe llegar a buen puerto para hacer las recomendaciones y alcanzar la restitución de derechos para las y los periodistas.

Asimismo, sostuvo que el pretexto de la desinformación ha servido como un arma de diversos entes del estado para inhibir la labor periodística, para hostigar y desprestigiar.

Observó que una de las consecuencias de la Pandemia es la brecha digital, lo que trastoca el derecho a Internet, como la puerta a la entrada de otros derechos en términos de participación pública y de información.

Luego de lamentar las pérdidas de vidas de comunicadores, derivadas de la propia pandemia, esto a la par de la violencia que no ha dado tregua pese a la Emergencia Sanitaria, Diana Manzo señaló el ahondamiento de la desigualdad de género evidente, puesto que las mujeres periodistas se enfrentan a triples jornadas laborales, así como riesgos al momento de la cobertura informativa.

A lo que agregó que un enorme porcentaje de profesionales de la comunicación carecen de seguridad social y prestaciones, lo que los ubica en una situación de vulnerabilidad y riesgo frente a la pandemia.

En su oportunidad, López Pineda recalcó que en la información relacionada con el Covid-19 no ha sido manejada con pertinencia cultural. Uno de los resultados del Informe que efectuó el equipo de Artículo 19, fue la falta de una política proactiva en el marco de la contingencia sanitaria, para hacer llegar información a las comunidades.

En tanto, Castellanos García sostuvo que la información culturalmente adecuada es un reto para el Estado mexicano. Al inicio de la pandemia, las comunidades indígenas carecían de información y la que recibían por parte de las autoridades estaba pensada para las ciudades, incluso los propios mensajes como el “Quédate en casa”, puesto que para las y los habitantes de las poblaciones, esto implicaba quedarse sin alimentos.

El nuevo reto, apuntó, es la vacunación, puesto que para que esta estrategia sea exitosa en las poblaciones, se requiere un proceso informativo desde una perspectiva intercultural.

Por su parte, Pedro Cárdenas sostuvo que el año pasado, se registraron 44 agresiones contra periodistas y medios en la entidad, lo que ubica al estado en el quinto sitio a nivel nacional en materia de agresiones. De tal forma que independientemente de la cobertura de la contingencia, las y los comunicadores se encuentran en riesgo.

A ello, dijo, se suma la precariedad laboral y salarial, de tal forma que son ellas y ellos quienes tienen que cubrir los gastos de su protección, así como de la enfermedad si en algún momento llegase a presentarse.