La fecha invita a conmemorar la lucha contra la impunidad en los crímenes de Estado. La demanda de justicia, verdad y reparación en los casos de violaciones de derechos humanos ha sido constante en casi todos los países de la región que, inmersos en contextos de represión, han transitado a un escenario de menor violencia visible. México no es la excepción. Bajo el régimen priísta, autoritario y sin transparencia, se criminalizó y persiguió la disidencia política. De las masacres de estudiantes en 1968 y 1971 a la “guerra sucia” quedó trazada una línea de continuidad definida por las violaciones de derechos humanos y la impunidad; ése es el saldo del juicio que pesa sobre los gobiernos de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo. Las medidas para disolver a los movimientos de oposición incluyeron la reclusión de sus integrantes en cárceles clandestinas, la injerencia militar en tareas políticas y la actuación de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS). En el periodo hubo un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos: tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Los gobiernos posteriores guardaron silencio y fue hasta 2001 cuando Fox creó la Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado (Femospp). Ésta, pese a sus limitaciones, era la única vía estatal para encauzar la demanda de justicia. Dos casos muestran esa impunidad.
Familia Guzmán Cruz. Entre 1974 y 1976, en Michoacán, Guerrero y Edomex fueron detenidos Amafer, Solón Adenauer, Venustiano y Armando Guzmán Cruz, así como su padre José de Jesús Guzmán Jiménez. Armando y Amafer pertenecían al extinto Movimiento Armado Revolucionario, los otros familiares desaparecidos no pertenecían a ningún movimiento. En julio de 1974 Amafer fue detenido por agentes de la DFS en Morelia, Michoacán. Fue trasladado a la XXI Zona Militar y después a la DFS en el DF. Armando fue detenido en Ciudad Nezahualcóyotl al parecer por miembros de la Brigada Blanca de la DFS. En Tarejero, municipio de Zacapu, Michoacán, fueron detenidos y luego trasladados al DF José de Jesús y sus hijos Venustiano y Solón Adenauer. Venustiano fue liberado antes de ser trasladado a la DFS y fue nuevamente detenido y desaparecido en junio de 1976.
Pese a su constante búsqueda el Estado ha negado la información acerca de su paradero. El 29 de mayo de 2002 la familia Guzmán Cruz, la Fundación Diego Lucero y el Centro Prodh presentaron una denuncia de hechos ante la Femospp. Hoy el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Diego Lucero. Dirigente social y estudiantil de 28 años, padre de cuatro menores y pasante de ingeniería, fue ejecutado extrajudicialmente en Chihuahua el 16 de enero de 1972. Había sido detenido un día antes por la policía judicial estatal e interrogado por agentes de la DFS. Fue presentado por agentes estatales ante otros compañeros; pero los medios de comunicación difundieron que su deceso fue resultado de un enfrentamiento. La entrega del cadáver a su familia fue condicionada a que no se abriera el féretro; quienes lograron verlo observaron muestras de tortura en su cuerpo.
Con la Fundación Diego Lucero, el Centro Prodh presentó denuncia judicial ante la Femospp el 14 de abril de 2005. La PGR dio a conocer que no procede el ejercicio de la acción penal; ante el anuncio se está actualmente en período de inconformidad (31/08/10).
En cada caso los familiares han exigido justicia y, en cada uno, ha prevalecido la impunidad. Al cierre de la Femospp los casos fueron pasados a la Coordinación General de Investigaciones de la PGR. Ésta ha exhibido continuamente el desdén gubernamental hacia las investigaciones sobre crímenes de Estado del pasado.
Ante el silencio gubernamental se exige verdad, justicia y reparación. El Estado debe atender este pasado si quiere evitar que hechos tan dolorosos se repitan. Mantener viva la memoria —como señala Paul Ricoeur— es tan imprescindible como hacer historia. Debemos recordarlo para hacer real un nunca más.
Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
El Universal
