Ciudad de México., El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que el derecho a la verdad no es un acierto, sino un imperativo ético jurídico y deber del Estado.

Al encabezar en el Museo Memoria y Tolerancia, la ceremonia del Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, que se conmemora el 24 de marzo, destacó que el derecho a la verdad se opone a la indiferencia y al olvido.

“En donde la violencia y el vacío de principios con frecuencia pareciera que se pudieran imponer –aseguró-, la  verdad  emerge como un valor insoslayable y un objetivo para todos”. Y añadió que si la verdad de los pasajes dolorosos en la historia de los pueblos no se determina y transmite, estamos condenados a repetirlos.

González Pérez estuvo acompañado de Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Leticia Bonifaz Alfonzo, directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Armando Luna Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Advirtió que no es sencillo hacer efectivo este derecho, ya que va más allá de la simple voluntad y recursos de las autoridades. “En medio de la crisis de credibilidad que atraviesan las instituciones en nuestro país –explicó-, el hacer efectivo este derecho impone a las autoridades un deber básico de trabajar, de cara a la sociedad, para recuperar su credibilidad ante la misma”.

“La  verdad se demuestra y sustenta en pruebas, pero si quien ofrece la demostración y recaba las mismas es cuestionado, como consecuencia de ello también se cuestiona la validez y pertinencia de la verdad que se demuestra”, dijo.

Puntualizó que “la verdad se opone al olvido de los acontecimientos y de aquellas tragedias que lastiman a la sociedad. El derecho a la verdad es también honrar la memoria pública, rescatarla del ostracismo, reivindicarla y hacerla efectiva”.

El presidente de la CNDH advirtió que la verdad nos reta y desafía por la dureza y el sentido de las revelaciones que puede llevar consigo, por lo que no debemos construir verdades individuales, sino descubrir y exponer la verdad sobre los hechos que implican violaciones a los derechos humanos. “La verdad es una y ésa es la verdad a la que debemos llegar”.

Por su parte, Campa Cifrián reconoció que la CNDH es prototipo del compromiso que se debe tener con las víctimas y sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Destacó el compromiso del Gobierno de la República  para favorecer las condiciones de trabajo de los defensores de derechos humanos.

Habló de las tareas del Gobierno de México en favor del respeto y la defensa de los derechos humanos, basadas en el artículo primero constitucional, que incluye el itinerario para las políticas públicas y el fortalecimiento de las instituciones, que se concreta en: prevenir, investigar, sancionar y reparar.

Conforme a esta perspectiva, apuntó, se reconocen cinco retos de especial relevancia: combate a la tortura; prevención y atención a los casos de desapariciones forzadas; prevención de violaciones a personas migrantes; protección de periodistas y defensores civiles de derechos humanos, y regulación en el uso legítimo de la fuerza conforme a estándares internacionales.

A su vez, Luna Canales indicó que el derecho a la verdad es  prerrequisito para la materialización de todas las demás prerrogativas de los mexicanos. Debe ser concebido como fin último de las investigaciones y los procesos judiciales. No podemos hablar de justicia si no se garantizan la reparación del daño, la sanción a los responsables y la no repetición.

El legislador planteó también que las violaciones graves de derechos humanos laceran las fibras más sensibles de una nación, y las víctimas, sus familiares y toda la sociedad tienen derecho de saber la verdad sobre las circunstancias en que se cometieron, los motivos por los que se perpetraron, así como la identidad de sus actores. El esclarecimiento de estos hechos, dijo, ayuda a prevenir los abusos en el futuro y contribuye a impedir la impunidad que agrava los daños a los afectados y a la sociedad.

En su oportunidad, Jaime Rochín indicó que la CEAV comparte la responsabilidad de consolidar el proyecto de nación de un México fundamentado en el respeto y protección de los derechos humanos; es menester que todas las instituciones mexicanas de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno trabajemos de forma decidida y contundente para fortalecer la política de Estado de atención a víctimas; que esa atención sea más rápida, eficiente y sensible.

Leticia Bonifaz mencionó por su parte que el derecho a la verdad es independiente y va más allá del derecho a la información, pues implica el acceso a la justicia y la reparación del daño; este último, dijo, representa uno de los mayores retos de los jueces en casos de desaparición forzada y violaciones graves de derechos humanos. El papel de los jueces en la resolución de este tipo de casos tendrá un efecto muy significativo en la credibilidad de las instituciones del país, agregó.