Entrelíneas
Miguel Ángel Schultz
La Sexagésima Segunda Legislatura del Estado ha estado demoliendo el marco legal construido por el autollamado “Gobierno del Cambio”, que preside Gabino Cué Monteagudo, que en sus sueños democratizadores sería su legado histórico que al modificar la Constitución de Oaxaca, preservaría un estado sin abusos de poder, garantizaría el desarrollo económico con justicia social y se terminaría con la corrupción.
En su discurso de toma de protesta como gobernador de Oaxaca, ese 1 de diciembre del año 2010, Cué Monteagudo anunció una reforma constitucional que representaría la consolidación de la democracia con participación de la ciudadanía.
Fue más allá al decir que: “Obedecer consciente a los ciudadanos, a los valores, a la honestidad, para lograr un cambio real y no queden en simples promesas con absoluta honestidad y sin hacer exclusión, se trata hacer un progreso de la economía, hacer un progreso, acabar con la pobreza. Oaxaca vivía con miedo de una represión y a la persecución derivado de un gobierno autoritario”.
Por lo anterior, realizó modificaciones a la Constitución de Oaxaca, con sus partidos aliados, con las que acotó al Poder Ejecutivo, es decir le quitó mandó al gobernador, pero de esas reformas impulsadas prácticamente nada quedan, a poco menos de 70 días de que deje el cargo.
Lo dramático de esta situación es que son los propios partidos que echaron del poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI), los que desmantelan las reformas constitucionales del “Gobierno del Cambio”, que no pudieron ni sobrevivir a su propio gobierno, lo que es resultado de una total falta de consistencia política e ideológica.
Así los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD), que tenían la fuerza necesaria para impedir cualquier modificación a la Constitución local, para por lo menos no ser tratados, al igual que el mandatario estatal, por el PRI, en su retorno al poder en Oaxaca, como sus guiñapos.
Estos cambios han preparado el camino del arribo del gobierno priista de Alejandro Murat Hinojosa, quien tomará protesta como gobernador el próximo 1 de diciembre, aunque desde ahora tiene el control político de la entidad, prueba de ello es que los diputados siguen al pie de la letra, sin recato alguno, los dictados de quien desde ahora los manda. De los legisladores del PRI se entiende, pero no de los demás.
Algunas de las modificaciones más significativas a la Constitución local ha sido el regresar al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar administradores y consejos municipales, lo que representa quitarle ese mando al propio Congreso local y a los partidos políticos, con lo que se fortalece el Poder Ejecutivo, sin duda alguna.
Asimismo, el Congreso estatal ya no tendrá ese abultado presupuesto, que esté año alcanzó los 603 millones de pesos, que los había convertido en uno de los más ricos del país, de acuerdo con el Informe Legislativo 2016 presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que señala que de las 32 legislaturas, la de Oaxaca tiene a los diputados y diputadas con más recursos de la nación.
De acuerdo a ese informe cada uno de los 42 legisladores cuenta con 14.4 millones de pesos, con base al presupuesto anual que para este 2016 fue de 603 millones de pesos y reporta de manera oficial que el presupuesto del Congreso de Oaxaca ha crecido en un 30.6 por ciento.
Sin embargo, Mauro Alberto Sánchez Hernández, tesorero parlamentario, ha declarado que cada diputado recibe 10 millones de pesos anuales para cumplir con sus tareas legislativas; pero en la actualidad los legisladores declaran que nunca han recibido ese recurso y que no tienen, en este momento ni dinero para comprar papel de baño.
Las modificaciones señaladas líneas arriba -porque hay otras más- fueron aprobadas con 37 votos, de 42 diputados. Trascendió que fueron cabildeadas por el coordinador de la bancada del PRI, Alejandro Avilés, con los coordinadores del PRD, Jesús López Rodríguez y del PAN, Natividad Díaz Jiménez. Hay que hacer notar que votaron en contra los legisladores del PAN, Alejandra García Morlán y el diputado del PT, Rafael Arellanes Caballero, pero solo en este caso.
@MiguelAschulz
