Oaxaca.- Elementos de la Policía Preventiva de Oaxaca impidió por más de un día el avance de la caravana de los 122 desplazados del municipio Autónomo de San Juan Copala para que estos regresaran a su comunidad, ya que cerraron la carretera Tlaxiaco – Yosoyuxi desde el pasado jueves 26 de enero.

El grupo de desplazados, a raíz de las masacres ocurridas en la región Triqui particularmente en el año 2010 está conformado por 71 mujeres y 26 niños, que van de recién nacidos hasta de 14 años, fueron obligados a detener su viaje de vuelta a San Juan Copala y esperar en plena noche, con temperaturas muy bajas y sin alimentos.

Elementos de la policía preventiva y diversos funcionarios públicos del gobierno de Gabino Cué, entre estos el coordinador de asesores, Víctor Raúl Martínez Vázquez; Eréndira Cruz Villegas Comisionada de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca y Dagoberto Carreño Gopar, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria General de Gobierno.

También participaron en el bloqueo de la carretera Raymundo Ramírez García, Comisionado de Derechos Humanos y Virgilio Gómez López, Supervisor de Módulos de Desarrollo sustentable, los 200 policías estaban comandados por Roberto César Alfaro Cruz, Comisionado de Seguridad y

Es operativo de retención representa una nueva violación de los derechos humanos de quienes buscan retornar a su pueblo al impedirles el libre tránsito, a pesar que habían pedido protección a las autoridades del gobierno. Sin embargo, los policías estatales, en contra de su obligación de garantizar y proteger estos derechos actuaron de manera contraria.

Asimismo los desplazados denunciaron que el gobierno del estado de Oaxaca no está cumpliendo con sus obligaciones con acordadas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió las medidas cautelares (MC 197-10) para garantizar la seguridad de los desplazados en su retorno a su legítimo territorio, San Juan Copala.

Las medidas cautelares emitidas por la CIDH para proteger a los 135 víctimas desplazadas obliga al gobierno a “garantizar la vida y la integridad personal de estos 135 habitantes de San Juan Copala” según el acuerdo “concertará las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.”

Sin embargo, en vez de acordar con los desplazados sobre cómo garantizar sus derechos, el 25 de enero de 2012, el gobierno estableció un acuerdo con los que perpetradores de la masacre del 2010 en San Juan Copala, dejando así a las víctimas sin pronunciarse sobre sus derechos esenciales, socavados sin su consentimiento, seña un comunicado de prensa emitido por los desplazados.

Y agrega que “para garantizar los derechos humanos de desplazados por una masacre, se requiere que el Estado sin retraso comience un plan de desarme, arreste y lleve a la justicia a los responsables de la masacre y garantice un retorno seguro a su comunidad de origen, así como protegerlos de cualquier interferencia o uso de la fuerza de los perpetradores”.

“El Estado se muestra por el contrario, acordando con los responsables de la masacre de la comunidad, en los términos de que después de 18 meses de desplazamiento, las familias desplazadas podrían empezar en Marzo a regresar gradualmente una por una, siempre y cuando acepten que su comunidad sea dirigida por los perpetradores de la masacre y de su desplazamiento.

Si el estado permite que estos hombres quienes aun controlan las armas y por ende a la comunidad capturada, determinando las condiciones de vida en la comunidad, entonces la duración del retorno podría tomar 4 años.

El gobierno aun considera como parte de las autoridades locales a los pistoleros Julio Martínez y Mauro Vásquez quienes participaron en la masacre en contra de los miembros y defensores del Municipio Autónomo de San Juan Copala, incluidos Bety Cariño, integrante de la organización Cactus y Jyri Jaakkola de nuestra asociación ¨Nuevo Viento¨.

Estas medidas del gobierno protegiendo a los asesinos en lugar de desramarlos y arrestarlos, favoreciendo la impunidad de los responsables de las violaciones a los derechos humanos pasadas y que se siguen perpetrando, como la de agosto del año pasado, en donde otra vez 3 miembros del Municipio Autónomo de San Juan Copala fueron asesinados.

La comunidad desplazada Triqui demanda su derecho al acceso efectivo al territorio que le pertenece, cuyo retorno ha sido anunciado. Si el Estado no los protege y permite a los perpetradores de la masacre continuar con el control de la comunidad, el Estado estará violando su obligación de garantizar y respetar los derechos humanos de los Triquis, reconocidos a nivel nacional e internacional”.

Por lo anterior afirman que demandamos al Gobierno de Oaxaca:

Desarmar, arrestar, capturar, investigar y juzgar a los responsables de la masacre y del desplazamiento de los miembros del Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Garantizar sin retraso los derechos de los miembros de la comunidad desplazada, a la vida, la seguridad, al acceso a su territorio y a sus recursos para su subsistencia, a su autonomía y a demarcar su territorio donde ellos han vivido desde siempre y hasta antes de la masacre y un retorno seguro a su comunidad cumple con las obligaciones internacionales que exponen en el llamamiento anexo.

Atentamente,
Nuevo VientOaxaca debe terminar con la impunidad para garantizar la seguridad de los desplazados de San Juan Copala.