* También de integrantes del CIPOG-EZ en Chilapa de Álvarez, Guerrero, quienes han sido emboscados y agredidos

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en favor de habitantes de las comunidades Tula y Xicotlán en Chilapa de Álvarez, Guerrero, e integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ), quienes han sido emboscados y agredidos, mediante el uso de armas de fuego, por el grupo armado “Los Ardillos”.

La CNDH tuvo conocimiento, mediante intervención de la organización “Abajo los Muros”, de que las agresiones contra dichas comunidades comenzaron la mañana del pasado viernes 10 de diciembre, previo a una reunión que se efectuaría entre el consejo CIPOG-EZ y autoridades del estado y del Ayuntamiento Municipal de Chilapa de Álvarez, con la que se busca garantizar la integridad y seguridad de los habitantes de los habitantes de la Montaña en Guerrero.

Por lo anterior, con el fin de prevenir la comisión de actos de difícil o imposible reparación, la CNDH solicita a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a los titulares de las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública de Guerrero, así como al comandante de la Guardia Nacional, realizar acciones pertinentes para garantizar la vida, integridad personal, patrimonio y seguridad individual y colectiva de los habitantes de las comunidades Tula y Xicotlán, e integrantes del CIPOG-EZ.

Además, instalar módulos de vigilancia en dichas comunidades, garantizando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas; Coordinar una mesa de diálogo y concertación que permita los consensos necesarios para garantizar la paz en dichas comunidades e informar sobre el cumplimiento de las medidas cautelares.

Al encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Guerrero pide realizar sin dilación las investigaciones de los hechos suscitados el 10 de diciembre y determinar el ejercicio de la acción penal; Garantizar la máxima protección a las personas que resultaron lesionadas, a quienes deberá otorgar la calidad de víctimas e informar sobre el cumplimiento de las medidas cautelares.

Dichas medidas deberán implementarse por el plazo de 30 días, que podrán prorrogarse en caso de ser necesario.