* El modelo de comunicación política a revisión, porque los jóvenes se informan a través de las redes sociales y no los medios tradicionales

* México, al igual que los países de la Convención de Venecia, analizan el papel de las redes sociales y su regulación sin afectar la libertad de expresión

Monterrey, Nuevo León.- Al participar en el seminario “En camino al Proceso Electoral 2018”, organizado por la Escuela Libre de Derecho de Monterrey, José Luis Vargas Valdez, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), abordó el papel de las redes sociales en la actualidad como un espacio de influencia y de información hacia los jóvenes, quienes, de acuerdo con diversas encuestas, han dejado de informarse a través de la radio y la televisión como sucedía en años pasados.

El magistrado citó una encuesta de Parametría, en la que señala que alrededor del 83 por ciento de sus encuestados no confían nada o confían muy poco de los noticieros de radio y televisivos, por lo cual las redes sociales se han convertido en el medio idóneo para transmitir información noticiosa.

Puntualizó que es la red de Internet, según el estudio, el espacio de mayor credibilidad para los jóvenes, para allegarse información, “lo cual, como sabemos, tiene muchos riesgos porque a veces no está verificada del todo dicha información”.

“Pero me parece que esos son datos relevantes, ¿por qué?, porque vamos a entrar en un proceso electoral y a unas campañas electorales donde -les aseguro- que quien gane la elección o quien pierda la elección va a ser a partir de su capacidad de comunicar estratégicamente su mensaje y promocionar su imagen a través de las redes sociales”, precisó.

Vargas Valdez dijo que este fenómeno pone en la mesa de la discusión la efectividad de la reforma electoral del 2014 cuando se retiró a los partidos políticos el derecho de contratar espacios en medios de comunicación, y el Instituto Nacional Electoral (INE) concentró la actividad de organizar la contratación y distribución de los tiempos de Estado.

“Como ustedes saben”, agregó, “la reforma 2007-2008 implicó quitarle a los partidos políticos y a los medios de comunicación la posibilidad de hacer transacciones para comprar espacio en medios de comunicación y que el estado se volviera el proveedor o se apropiara de esos espacios y los distribuyera conforme corresponde, a partir de su fuerza política y de los criterios establecidos en ello”.

Consideró que la reforma fue positiva en la medida que puso un alto al negocio de la publicidad electoral que traía aparejada otros intereses, pero debe de analizarse ahora a la luz de que un 40 por ciento de la población ya no acude a los medios tradicionales para informarse, sino lo hace a través de las redes sociales.

Por ello, opinó que, al tratarse de espacio virtual, pero de comunicación y un factor que afecta la vida pública y la vida social, “no puede quedarse al margen de la ley”.

Este tema no es particular en México, sino cuando lo ha expuesto ante instancias internacionales diversas naciones afrontan una situación similar, colocándose como un nuevo fenómeno para la democracia que implica tener que ponderar valores como la libertad de expresión y el principio de equidad en las contiendas, mencionó.

“¿Cuál es el problema?. Evidentemente, tenemos que ser absolutamente cuidadosos porque somos conscientes y también somos garantes de un principio fundamental, que es la libertad de expresión”, añadió.

Este dilema afecta a las autoridades electorales y jurisdiccionales porque la tecnología “ha superado la realidad y, por ejemplo, cuando existen cuestiones de un partido o de un candidato agrediendo a otro aspirante de manera masiva, de manera, digamos, generalizada, pues resulta que es prácticamente imposible detectar de dónde salió esa agresión, si es y de dónde, y quién es el autor de dichas posibles violaciones a la normatividad electoral con la contienda electoral”.

Vargas Valdez consideró que una vez finalizado el proceso electoral del 2018 será necesario que el legislador aborde esta temática, misma que será determinante en dichos comicios, cuando habrán de elegirse tres mil 236 cargos de elección popular en comicios en 30 entidades, además de disputarse nueve gubernaturas y se efectuarán tres procesos federales para elegir senadores, diputados y presidente de la República.

Adicional a ello, indicó, que según los cálculos de incidencia litigiosa para el proceso electoral 2017-2018, la Sala Superior del TEPJF espera recibir 50 mil asuntos que deberán de conocer y resolver para garantizar la legalidad de los 30 comicios locales y las tres elecciones federales.

“Lo que les diría es que uno de los retos principales, además de esta alta litigiosidad que ya es una constante en este país, tiene una parte positiva. Siempre digo: Hoy los procesos electorales y, sobre todo, las diferencias de los procesos electorales se dirimen en los tribunales”, precisó.

Dijo que la Sala Superior ha buscado fortalecer el trabajo de las Salas Regionales y de la Sala Especializada, mediante un proceso delegatorio que les permita conocer y resolver asuntos en las cinco circunscripciones electorales en que se encuentra dividido el país.

“Tenemos que partir de la premisa fundamental del respeto al voto, de la validez de los actos electorales, que básicamente se traducen en la voluntad popular del ciudadano, y evitar que eso acabe siendo, a través de argucias legales, algo que pueda modificar dicha voluntad”, puntualizó.

También, participaron Claudia Valle Aguilasocho, magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey; Jorge Sánchez Cordero, magistrado de la Sala Regional Monterrey; Clicerio Coello Garcés, de la Sala Regional Especializada; y Gastón Julián Enrique Fuentes, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.