Del total de casos registrados relacionados con homicidios y desapariciones de periodistas, así como de atentados a medios de comunicación, únicamente en el 19 por ciento por ciento de las investigaciones se han consignado ante un juez y sólo 10% de estos casos han terminado en Ante el notable incremento de agresiones en perjuicio de periodistas.
Por lo anterioir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), denuncia el imperio de la impunidad sentencia condenatoria, lo que arroja un índice de impunidad de 89%.
En agosto de 2013, la CNDH emitió su recomendación general número 20, en la que advirtió que la impunidad obedece a que al integrar las averiguaciones previas, las autoridades ministeriales incumplen con su obligación de investigar y recabar pruebas para llegar a la verdad de los ilícitos cometidos contra comunicadores, como homicidios, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas e intimidación, entre otras.
Destaca que las autoridades encargadas de la seguridad pública tampoco han logrado, en otros muchos supuestos, inhibir a los agresores o desarrollado políticas públicas en materia de prevención del delito, tendentes a impedir la violencia que aqueja al gremio, todo lo cual constituye, por acción o por omisión, un aliento a la impunidad.
Esto constituye actos que vulneran los derechos humanos a la vida, a la integridad y seguridad personal, así como a la seguridad jurídica y, en consecuencia, a la libertad de expresión.
A través de su Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, la Comisión Nacional ha recibido, del 1 de enero de 2010 al 28 de febrero de 2014, un total de 347 expedientes de queja relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de comunicadores y medios de comunicación.
De 2000 a la fecha, ha tenido conocimiento de la muerte de 88 periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo; también, de 2005 a la fecha, ha documentado la desaparición de 20 profesionales de la información, así como 41 atentados a instalaciones de los medios de comunicación de 2006 a la fecha, hechos ocurridos en 24 entidades federativas.
En la Recomendación General número 20, la CNDH solicitó al Secretario de Gobernación, gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; al Comisionado Nacional de Seguridad; secretarios de seguridad pública de los estados; Procurador General de la República y los procuradores generales de justicia de las entidades federativas, entre otras cosas:
Garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes, a fin de que el desempeño de los comunicadores no se vea coartado ni amenazado por circunstancia alguna; implantar las políticas públicas tendentes a garantizar su seguridad, especialmente para quienes cubren situaciones de riesgo; promover adiciones y reformas necesarias a las leyes y capacitar en materia de derechos humanos y libertad de expresión a los servidores públicos.
Asimismo, impulsar un sistema de seguridad pública efectiva, completa e independiente, a fin de prevenir y disuadir las agresiones contra los integrantes del sector periodístico.
Se les pide también integrar indagatorias eficaces, con objeto de agotar todas las líneas de investigación e implementar y aplicar de manera permanente las medidas necesarias para impulsar un combate a la impunidad, a fin de que se resuelvan las averiguaciones previas procedentes a la brevedad posible.
