* El proyecto de ley propone un régimen de excepción, al dejar fuera de la Ley de Ingresos de la Federación a los ingresos petroleros y al dar a Pemex un tratamiento diferenciado, en comparación con los privados
México, DF.- En el mejor de los casos, el Estado mexicano recuperaría apenas 30 centavos de cada peso del valor de cada barril de petróleo, en el supuesto de que la Cámara de Diputados apruebe sin cambios fundamentales la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, propuesta por el Ejecutivo Federal. Esta iniciativa otorga grandes privilegios fiscales a las compañías privadas que invertirán en el sector, advierte el senador Mario Delgado Carrillo.
La transferencia de la renta petrolera hacia empresas privadas podría ser el equivalente a uno por ciento y hasta 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual, de mantenerse las condiciones tan onerosas para el fisco mexicano, propuestas por el Ejecutivo, señaló el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La iniciativa plantea, sin fundamento jurídico, trasladar al ámbito privado los ingresos que se generen de la exploración y explotación de este recurso, al considerar que los términos de los contratos entre el gobierno y las empresas petroleras se equiparan a actos celebrados entre particulares, sujetos “al acuerdo de voluntades de las partes” y no a contratos en donde se administra una recurso propiedad de la nación.
“Esto pone en evidencia nuevamente que, en la reforma emprendida por el gobierno y sus aliados, la propiedad de las reservas que queden sujetas a contratos ya no serán de la nación, sino de los privados”, comentó el senador, integrante de la Comisión de Hacienda.
Dicha propuesta forma parte del paquete de leyes secundarias en materia energética, que se discutirá en la Cámara de Diputados a partir de este lunes 28 de julio.
Advierte que otorgarle carácter privado a los ingresos petroleros provocaría una gran vulnerabilidad para el Estado mexicano, ya que lo dejaría sin la posibilidad de establecer condiciones y a la suerte de los tribunales internacionales, en caso de incumplimiento o abusos por parte de las petroleras, o de presentarse situaciones no previstas en los contratos signados.
La propuesta de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos pretende crear un régimen fiscal diferenciado para ingresos que tienen el mismo origen y naturaleza: la explotación del petróleo.
Si el petróleo es explotado por Petróleos Mexicanos (Pemex) queda sujeto a un régimen tributario confiscatorio, pero si es explotado por los privados tiene un tratamiento preferencial, lo que contradice claramente el principio de igualdad y equidad tributaria, establecido en la Constitución.
No hay razón para diferenciar la tributación sobre ingresos de una misma actividad, a partir del sujeto que la realiza. Donde la Constitución no distingue, la ley no debe distinguir. Ante un trato fiscal ilegal e inequitativo, Pemex incluso podría acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por otro lado, en los proyectos de dictamen que se discutieron en las Comisiones de Energía y Hacienda de la Cámara de Diputados, las contraprestaciones de los contratos y asignaciones -que son pagos que tendrán que hacerse al Estado mexicano y por tanto son ingresos fiscales que tiene derecho a percibir el erario federal- se establece que deben ser recibidos directamente por el Fondo Mexicano del Petróleo, sin seguir las reglas de concentración contenidas en el Código Fiscal de la Federación, la Ley de la Tesorería de la Federación, la Ley de Ingresos de la Federación y demás normatividad.
Con lo anterior, se constituye de manera ilegal una Tesorería alterna, ya que una vez que ingresen las contraprestaciones funcionará como un fondo de garantía para las empresas privadas que participarán en la exploración y explotación petrolera.
En otras palabras, “se le ofrece a los privados que la parte de la renta que se llevarán por el petróleo mexicano está totalmente garantizada, ya que ni siquiera tendrá que pasar por la Tesorería de la Federación. Esos recursos se manejarán por fuera, como una bolsa alterna y con carácter excepcional”, advirtió el senador perredista.
Agregó que la ley propuesta por el Ejecutivo federal permitiría una gran discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al facultarla para administrar y supervisar las condiciones y los aspectos financieros de cada contrato. No se puede tener un régimen fiscal en ley para Pemex y un régimen diferente, definido uno a uno por la SHCP, en cada contrato.
La iniciativa gubernamental para la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos va más allá de lo que establece la Constitución, porque la diferencia entre asignación y contrato está dada por el sujeto que participa en la industria de hidrocarburos, unos privados, los contratistas, y otros públicos, como Pemex y sus subsidiarias, y no por la carga fiscal, que debe ser exactamente la misma para cumplir con los principios constitucionales, subrayó.
