Entrelíneas
Miguel Ángel Schultz
El gobernador Gabino Cué declaró que no existen presos políticos en Oaxaca, según lo expresó el pasado 14 de marzo, haciendo referencia a las personas que han sido aprehendidas por motivos de la inconformidad de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con la Reforma Educativa y por múltiples actos de protesta en las que han participado, cometiendo delitos, los cuales las autoridades judiciales consideran no son del orden político. Sin embargo, aún existen seis presos por los ataques armados del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el 28 de agosto de hace ya casi 20 años.
Quienes actualmente están presos, fueron detenidos por haber participado en las acciones violentas que se registraron durante los actos de sabotaje, contra los comicios federales del pasado 7 de junio, cuando destruyeron papelería electoral, oficinas del Instituto Electoral Nacional (INE) y arremetieron contra casillas electorales.
Asimismo, también hay otros detenidos más por las acciones violentas que se registraron durante los actos de sabotaje, contra esos comicios federales, que implementaron algunas organizaciones sociales, por lo que fueron apresadas 88 y posteriormente liberadas la mayoría de ellas.
A raíz de los ataques a instalaciones Navales en Huatulco; la ocupación armada de la ciudad de Tlaxiaco, del hostigamiento armado contra instalaciones de la Fuerza Aérea en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca y de la Zona Militar, fueron detenidos alrededor de 250 personas originarias principalmente de la región de Los Loxichas. Hechos registrados durante la administración del entonces gobernador Diódoro Carrasco Altamirano.
De todas estas personas aún permanecen en prisión seis indígenas zapotecas, que fueron incluidos en la Ley de Amnistía, emitida durante el gobierno de José Murat, en el año 2000, que benefició a 47 de los detenidos, dentro de los que estaban incluidos, quienes aún permanecen, al considerar las autoridades judiciales federales delincuentes comunes, a pesar de que están relacionadas con actos a todas luz que tienen que ver con una rebelión armada.
Estos son Fortino Enríquez Hernández, condenado a 22 años de prisión; Abraham Martínez García, que purga condena por 31 de prisión y Álvaro Sebastián, sentenciado a 31 años prisión; Agustín Luna Valencia, Justino Hernández y José Zacarías Pascual García López, que purgan 30 años de prisión sin beneficio a la preliberación, acusados de homicidios.
El maestro Baldomero Enríquez Santiago, ejecutado el lunes pasado en las oficinas del IEEPO en San Pedro Pochutla, también fue aprehendido en enero del año 1997, pero dejado en libertad a los pocos meses, al no encontrar elementos para fincarle responsabilidades.
El caso de los presos Loxichas llegó al conocimiento de Santiago Creel Miranda, quien fue secretario de Gobernación, durante el sexenio de Vicente Fox, pero no acepto una Ley de Amnistía para beneficiar a los indígenas que participaron en un ataque armado implementando por un grupo civil alzado en armas y por ese mismo hecho, bien pudieron ser considerados presos de conciencia. Sin que Santiago Creel se interesara en ello.
En un informe de la organización Human Rights Watch elaborado en 1999, tiene un apartado que se titula Tortura y Ejecuciones Extrajudiciales en el Estado de Oaxaca donde se lee: “En los casos que se documentan más adelante, se emplearon la tortura y las confesiones falsas para acusar a personas de pertenecer al grupo guerrillero. Por la mayor parte, ni el agente del Ministerio Público ni el juez mostraron interés por las circunstancias de la detención ni en los dictámenes médicos que demostraban que habían sido torturados.
En varios casos documentados por Acción de los Cristianos para Abolir la Tortura (ACAT), una ONG con sede en Ciudad de México, los agentes del Ministerio Público no tomaron ninguna iniciativa propia para investigar la tortura, a pesar de que las víctimas habían obtenido constancia médica de la tortura”. También basta platicar con el abogado Israel Ochoa Lara, que asumió la defensa legal de muchos de los detenidos, para conocer de lo ocurrido en la Región de los Loxichas.
La situación de estos presos debe ser revisada por los candidatos al gobierno del estado, para que incluyan el tema de la lucha política en Oaxaca y definan una propuesta en torno a los casos de los presos políticos de la Región de Los Loxichas, lo que no quiere decir que ignoren a los demás presos, porque oír la advertencia de Gabino Cué, que aún falta por aplicar otras 24 órdenes de aprehensión a maestros, cuando en realidad suman 28, de las que se conocen, es seguir apostando al rompimiento de la paz social, cuya injusticia termina en insurrección armada.
@MiguelAschulz
