Especial para oaxacaentrelineas.-Más de ocho mil indígenas esperan el indulto después de que el presidente Enrique Peña Nieto indultó al indígena totzil Alberto Patishtán Gómez, encarcelado durante trece años en una cárcel de San Cristóbal las Casas, Chiapas, supuestamente responsable del asesinato de siete policías en el año 2000.
En los ocho mil 330 casos de encarcelamientos de indígenas, los abusos y las violaciones a sus derechos humano y garantías individuales son similares a los que sufrió el profesor Alberto Patishtán.
La mayoría no contaron con un traductor o intérprete ni tuvieron acceso a un debido proceso. De los ocho mil 330 indígenas presos, siete mil 715 son reos del fuero común y 815 del fuero federal. Alrededor de 400 mujeres indígenas forman parte de ese número de casos de violaciones al debido proceso por un sistema judicial “plagado de irregularidades” que además propicia la tortura de los detenidos.
La reforma al Código penal, en su artículo 97 bis, que permitió que el indígena totzil Alberto Patishtán Gómez, condenado a 60 años de prisión durante el gobierno sustituto de Roberto Albores Guillén en Chiapas, se espera que beneficie a los más de ocho mil indígenas presos en condiciones similares.
Alberto Patishtán fue acusado del asesinato de siete policías, hecho ocurrido el 12 de junio del año 2000 en el municipio de Simojobel, sin que se haya probado plenamente su responsabilidad.
El presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto con el indulto de Patishtán Gómez después de que el Diario Oficial de la Federación publicó el miércoles 30 de octubre la reforma al Código Penal que aprobó la Cámara de Diputados por 442 votos de todas las fracciones parlamentarias.
Durante el debate en el salón de asambleas de san Lázaro se puso en evidencia que en el país existen más de ocho mil 330 indígenas presos en circunstancias que violan sus garantías constitucionales y sus derechos humanos.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Eufrosina Cruz Mendoza, dijo que muchas de esas personas en prisión purgan condenas por delitos menores sin haber contado con el debido proceso penal.
“A veces no saben ni por qué están ahí , no se les hizo el debido proceso como al profesor Alberto Pathistán”, dijo la legisladora de origen indígena, quien afirmó que la comisión legislativa que encabeza buscará “los mecanismos para poder ayudarlos”.
La Cámara de Diputados aprobó para 2014 un presupuesto donde se establece que 73 mil millones de pesos estarán dedicados promover el desarrollo económico de las comunidades y fortalecer la educación, al igual que garantizar la justicia de los más de ocho mil indígenas presos.
Cruz Mendoza señaló que parte de los recursos se utilizarán para pagar cauciones de los indígenas que están por salir de la cárcel, pero que no tienen dinero para pagar.
“Este presupuesto permitirá que los gobiernos de los estados y las fundaciones hagan convenios a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para apoyarlos en el pago de sus fianzas”, agregó.
De los 73 mil millones de pesos, 12 mil 500 millones son para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).La legisladora originaria de Oaxaca aclaró que aún faltan recursos por incluir en la reconstrucción de carreteras dañadas por los recientes fenómenos pluviales que afectaron zonas de las comunidades indígenas, como en Guerrero.
Indicó que para promover el desarrollo económico de los pueblos indígenas, la comisión también establece en su opinión presupuestal la inclusión del nuevo concepto de “Fondos de Garantía”.
En el rubro de “Proyectos de Productividad para las comunidades Indígenas”, la Banca de Desarrollo debe garantizar créditos a planes de inversión.
Por otra parte el Informe de 2012 sobre los Derechos Humanos en México en lo relacionado con las Poblaciones indígenas, se destacó que los grupos indígenas siguieron informando que el marco jurídico del país no respetó los derechos de propiedad de las comunidades indígenas ni evitó la violación de esos derechos.
Los informes de las comunidades y las ONG que representan a los grupos indígenas mencionaron que el Gobierno no consultó suficientemente con las comunidades indígenas a la hora de tomar decisiones sobre la implementación de proyectos de desarrollo en sus tierras. Las consultas con las comunidades indígenas acerca de la explotación de energía, minerales, madera y otros recursos naturales en sus tierras siguieron siendo limitadas.
