Entrelíneas
Miguel Ángel Schultz
Cada vez es más frecuente la intervención de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que preside Miguel Ángel Osorio Chong, para resolver los conflictos sociales en Oaxaca, lo que es síntoma inequívoco del agotamiento del Gobierno del Estado, que a menos de 50 días de terminar su ciclo se ve arrastrado por más problemas, que por menores que sean no tiene la capacidad de resolver.
La circunstancia en la que se encuentra el “Gobierno del Cambio”, que preside Gabino Cué Monteagudo, le estorba la presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián, y ha iniciado una campaña mediática de descalificaciones en su contra, para sacudirse a este funcionario federal.
Aprovechando el malestar que existe en la sociedad por las pasadas protestas magisteriales, que trajeron agobiada a la población, afectando sus derechos y libertades, con paros en los centros escolares, toma de carreteras, oficinas, centros comerciales y hasta agresiones físicas a ciudadanos.
Se puede hacer un rosario de problemas sociales que han ido estallando en las últimas semanas, a la administración del mandatario estatal, que se cae a pedazos, donde ni siquiera tiene un gabinete completo, pero solo mencionamos algunos, ya que cada mes es peor que el otro.
El actual Gobierno de Oaxaca no tiene la capacidad de pagar a sus proveedores, incluso ha informado que dejará adeudos por más de mil 300 millones de pesos. Situación que se le complica cuando el despacho “Eficacia Productiva Empresarial S. C.” dio a conocer que ganó el primer amparo que ordena la devolución a la actual administración del importe retenido del 2.5 por ciento, al considerar que no hay sustento legal para aplicarlo, como lo venía haciendo desde marzo del 2015.
Seguramente el importe que tendrá que regresar será de varios millones de pesos, por citar un ejemplo, pero aún hay más, si tomamos en cuenta que el subsecretario de Egresos, Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, Jorge Carbonell Caballero, dio a conocer que al corte final, esta administración dejará un adeudo de un mil 300 millones de pesos, que se supone pagará el gobernador electo, Alejandro Murat Hinojosa, ello implica un choque de trenes, no solo con los proveedores, sino con el gobierno por entrar el 1 de diciembre.
Otro rostro de los conflictos, de esta agónica administración, son los hechos registrados en Matías Romero, donde unos 300 indígenas, comuneros de Chimalapas, incendiaron el Juzgado de Garantías, luego de hacer disparos al aire, golpear a policías, destruir automóviles, esa ira popular fue el resultado de haber dejado en libertad a David Vega, invasor chiapaneco, capturado por los indígenas zoques en defensa de su territorio, que ha venido siendo invadido y depredado, prácticamente con la complicidad del “Gobierno del Cambio”.
Pero tal vez el conflicto más serio que enfrenta Cué Monteagudo, es la masacre de Nochixtlán, perpetrada el pasado 19 de junio, en la que fueron asesinadas ocho personas, heridas una 200, donde éste tiene una corresponsabilidad que debe ser deslindada, al ser el gobernador del estado.
Es más, la noche de ese trágico domingo aseguró en conferencia de prensa -donde sólo se permitieron tres preguntas-, que los policías federales y estatales ni toletes llevaban, lo cual fue una mentira.
Esto explica el malestar que despierta al gobierno local la presencia de Campa Cifrián y todo lo que represente la defensa de los derechos humanos, por eso las descalificaciones, hasta grotescas, no solo contra los dirigentes de las organizaciones sociales, sino también contra los activistas defensores de los derechos humanos y las instancias responsables de velar por estos derechos.
Incluso, el mismo mandatario declaró, hace un par de días, que mientras no existan condiciones de seguridad para que los peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) puedan ingresar a Nochixtlán, no se podrá avanzar en las investigaciones.
Lo dicho, es una contradicción evidente, ya que si no pueden hacer los peritajes, difícilmente habrá conclusiones, pero además declara a nombre de la PGR, es un error; ello compete a la PGR, no a él, pero además siendo el titular del Poder Ejecutivo debería estar trabajando para crear las condiciones, para que esos peritajes se realicen.
Tal vez siente la protección de Eréndira Cruzvillegas Fuentes designada fiscal Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la PGR, el pasado 16 de junio, a solo tres días de la masacre de Nochixtlán.
Antes de su nombramiento en la PGR, Cruzvillegas era la titular de la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca y dejó irresponsablemente el cargo en los momentos precisos que se inició la escalada represiva, 11 de junio, en contra de la Sección 22 del SNTE-CNTE y que desembocó el 19 de junio, con los hechos de Nochixtlán.
Por esta situación las instancias de procuración de justicia del Gobierno de México, así como los organismos defensores de derechos humanos, deben poner atención, al desempeño de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, a cargo de Miguel Ángel Muñoz, para determinar si de manera encubierta o por omisión, se han estado alentando campañas que incitan a la violencia, al desprestigio en contra de los activistas defensores de los derechos humanos, líderes sociales o agudizando los conflictos, porque en una situación de ingobernabilidad como la que hay en Oaxaca, hacerlo es un crimen.
@MiguelAschulz
