Ciudad de México.- Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exhortó estar al tanto de la situación jurídica y de derechos humanos de nuestros connacionales radicados en Estados Unidos ante la posible redefinición de su política migratoria, por lo cual el Estado mexicano debe dar respuesta a la situación de vulnerabilidad que enfrentan, en forma general e integral.
Durante la presentación del documento “En defensa del interés nacional”, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que la CNDH y su Consejo Consultivo pidieron al Gobierno mexicano y a su Red Consular impulsar medidas de cuidado y protección adicionales para esos compatriotas.
Este Organismo Nacional emprendió una serie de visitas y actividades en los estados de California, Arizona y Texas, para tener una visión clara y completa de la situación que enfrentan los mexicanos que radican en Estados Unidos para trazar una ruta de acciones en su favor.
En el Auditorio de Posgrado de Economía “Jesús Silva Herzog”, González Pérez subrayó que el marco constitucional en materia de derechos humanos es claro y sus principios de progresividad, indivisibilidad e interdependencia, incluido el principio pro persona, articulan los derechos propios de la migración.
Al compartir la mesa con Marie-Laure Coubès, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, explicó que bajo el orden jurídico y la responsabilidad del Estado mexicano, las deportaciones o repatriaciones, antes o después de la nueva administración norteamericana, no han sido ni deben ser problema individual del propio repatriado.
Tras señalar que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional para los Mexicanos en el Exterior, en Estados Unidos viven más de 12 millones de mexicanos nacidos en nuestro país, que con sus familias suman 36 millones de personas de origen mexicano, y quienes generaron remesas por 24 mil 600 millones de dólares entre enero y noviembre de 2016, lo cual confirma la fuerza laboral que representan, en tanto que su voluntad de progreso contribuye a la riqueza de ambas naciones.
“Con nuestra participación queremos ser enfáticos en que la política migratoria debe pasar ineludiblemente por el respeto a los derechos humanos de cualquier persona”, aseguró el ombudsman nacional.
Reconoció la colaboración que las sedes de la UNAM en Estados Unidos brindaron a la CNDH en sus visitas y dio cuenta de las preocupaciones de los mexicanos en ese país, como el temor fundado de que sean detenidos por irregularidad migratoria, así como de ser perseguidos o interrogados, o de enfrentar una “supuesta” orden de arresto.
Destacó, asimismo, la vulnerabilidad en que están 700 mil jóvenes del programa DACA, que podría ser revocado.
Enfatizó que este Organismo Autónomo estará atento a la definición de la nueva política migratoria estadounidense y participará, en el ámbito de sus competencias, en la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales.
En su oportunidad, Marie-Laure Coubès dijo que las políticas de Estados Unidos en materia de migración han impactado en el número de deportaciones. Dijo que hasta 2008 se observó un flujo de más de cien mil cruces de personas hacia ese país por trimestre y hoy son menos de 10 mil personas.
La investigadora de El Colegio de la Frontera Norte detalló que dicha caída en el flujo migratorio se define por la baja en la demanda laboral y las deportaciones en ese país, y actualmente por el cierre de la frontera y el temor de los compatriotas a enfrentar una pena de cárcel de meses o años que pueden recibir al tratar de reingresar.
Señaló que México debe estar preparado para recibir un mayor retorno de mexicanos que serán deportados de Estados Unidos, y reforzar la vigilancia en la frontera sur, ya que los migrantes centroamericanos y africanos que buscan llegar al país vecino del norte, al no lograr su objetivo podrían quedarse en nuestro territorio, que tendría que recibirlos en condiciones de asilo, como sucede hoy en Baja California.
