Oaxaca, Oax, El Concejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) acordó enviar un exhorto al Senado de la República para solicitar que se firme y ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económico, Social y Cultural, con el fin de que estos derechos progresivos sean justiciables y puedan ser plenamente ejercidos por la sociedad mexicana.
Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano en el Auditorio de la DDHPO, donde participaron las consejeras Martha Julia Avendaño, María Eugenia Mata García y Sara Pilar Méndez Morales, los consejeros Pedro Matías Arrazola, Héctor Lorenzo Estrada, José Bernardo Rodríguez Alamilla y el presidente de la DDHPO, Arturo Peimbert Calvo, se acordó esta medida.
Durante la misma sesión se dio a conocer un informe de actividades realizadas por el organismo del 01 de enero al 28 de febrero de 2013, periodo en el que se han emitido dos recomendaciones y dos alertas tempranas.
Las dos recomendaciones fueron emitidas al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la primera por un caso de agresión de un profesor a un alumno de la escuela “Centro, Luz y Progreso” de Cuilapan de Guerrero y la segunda se emitió por violaciones a los derechos humanos de niñas y niños de la escuela primaria “21 de Agosto”, en Oaxaca de Juárez.
La primera alerta temprana fue dirigida al presidente municipal de Santos Reyes Nopala, Fredy Gil Pineda Gopar, por la formación de un grupo de personas civiles armadas con fines de seguridad pública.
La segunda alerta temprana se dirigió al IEEPO por el conflicto que existe entre la Sección 22 y 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte), cuyos afiliados se disputan el control de las instituciones educativas ubicadas en la comunidad de Santiago Matatlán.
Dentro del informe dado a conocer, destaca que en este periodo de dos meses se han iniciado 544 expedientes de queja y se han dado dos mil 114 orientaciones al público.
Entre los derechos que son vulnerados de forma más recurrente se encuentra el derecho a la seguridad jurídica, derecho a la legalidad y el derecho a la integridad personal, por lo que se han abierto siete expedientes por tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Las autoridades señaladas con más frecuencia de acuerdo con el informe son las autoridades municipales con 211 señalamientos, seguido por la Procuraduría General de Justicia del Estado con 83 menciones.
