* Llama a la reflexión y a la acción para valorar el ejercicio de la libertad de expresión, y defenderlo mejor

* La víctima fue asesinada por desconocidos que le dispararon mientras circulaba en la Unidad Habitacional Potrerillo, de Ixtaczoquitlán, Veracruz

Ciudad de México.- Luego de condenar enérgicamente el homicidio del periodista Jacinto Romero Flores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exige una investigación exhaustiva y expedita, que permita el esclarecimiento de los hechos y su posible vínculo con su actividad profesional, toda vez que según denuncia su familia, había recibido amenazas con anterioridad.

Información recabada indica que Romero Flores fue asesinado el pasado 19 de agosto en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz, por sujetos desconocidos que le dispararon mientras circulaba en su automóvil. El periodista trabajaba, principalmente, en municipios indígenas en la sierra en Zongolica y Orizaba y era reconocido por sus denuncias por las injusticias sociales y la inseguridad.

Por los hechos descritos, la CNDH demanda a la Fiscalía General de Veracruz indagar los hechos y coordinar acciones para la atención integral de los familiares y víctimas indirectas en el caso, y estará atenta a la evolución de las diligencias que se realicen para la pronta identificación de responsables, a fin de que sean presentados ante la justicia y se les sancione de acuerdo a la ley, a la brevedad.

Es tiempo de acción y de reflexión. Las agresiones a periodistas representan sin duda un atentado al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, pero es fundamental tener claras sus causas. En México, históricamente, las condiciones en que las y los comunicadores han desarrollado su profesión han sido generalmente adversas.

Por décadas imperaba la censura, espionaje, cierre de medios, destierro y hasta el asesinato, por el sólo hecho de disentir del poder; y hoy, lo que vivimos es producto de la influencia del crimen organizado y de la impunidad que genera la lentitud en las investigaciones y el castigo a los culpables, lo que resulta igual de agraviante, pero de diferente naturaleza.

Desde noviembre de 2019, en que inició la actual gestión, se han registrado 45 asesinatos de periodistas, algunos por hacer denuncias contra políticos y funcionarios locales, otros por cubrir hallazgos de restos de desaparecidos o escenarios de ejecutados, y hay que agregar que algunos de ellos contaban con escoltas, asignados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, o estaban en espera de ser incluidos en el mismo, por antecedentes de haber recibido amenazas por sus denuncias contra el crimen organizado.

Es por ello que consideramos necesario reforzar las acciones de protección del Estado para garantizar el ejercicio de la profesión periodística, y la capacidad de respuesta de las fiscalías, que dé certidumbre de justicia, que rompa el círculo vicioso de la impunidad y garantice el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Este Organismo Nacional Autónomo continuará vigilante, en demanda de iniciativas y decisiones conjuntas, y se declara lista para hacer su parte.