México, DF., 20-dic-2014.- El endeudamiento de los estados, que ya es superior a los 490 mil millones de pesos, no puede seguir creciendo a costa de los ciudadanos, por lo que es urgente poner en práctica la Reforma Constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios, afirmó el vicecoordinador de la Fracción Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Marcelo Torres Cofiño.

Asimismo, comentó que es preocupante que las obligaciones financieras de los estados y los municipios sigan creciendo, toda vez que representaron el 3.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y que es todavía superior al 2.8 por ciento de su nivel alcanzado en junio de 2013.

El legislador mostró su preocupación por el nivel de endeudamiento que se registra en el país, en donde destaca el estado de Nuevo León, (58,300 millones); Chihuahua (41 mil 771 millones); Veracruz (41 mil 208 millones); Estado de México (39 mil 010 millones); y Coahuila con 38 mil 850 millones de pesos.

Recientemente, el Congreso de Quintana Roo aprobó la contratación de nueva deuda por 14 mil 727 millones de pesos, sin especificar el uso que se darán a dichos recursos, disparándose en casi 75 por ciento los pasivos en la gestión de ese estado, señaló Torres Cofiño.

En el caso del estado de Chihuahua, su deuda ha crecido a una tasa anual de 10 por ciento, cuando la economía de la entidad apenas avanza un 2.47 por ciento, lo que significa que crece cinco veces más rápido que el PIB.

Lo peor del asunto es que algunas de estas deudas son un peligro para la viabilidad económica de esos estados porque tan sólo en agosto pasado, la calificadora Fitch Ratings mantuvo en Observación Negativa la calificación a la calidad crediticia de Quintana Roo, porque algunos de los financiamientos adquiridos corren el riesgo de ser declarados en incumplimiento.

“Lo que sucedió en Coahuila se sale de toda proporción, ya que la “mega deuda” para la capacidad económica de ese estado ha sido inmanejable”, apuntó el legislador por el Partido Acción Nacional (PAN).

“Los autores de ese endeudamiento de más de 38 mil millones de pesos, encabezados por Humberto Moreira no han sido castigados a pesar de que, desde 2011 Acción Nacional ha presentado más de siete denuncias en contra del ex mandatario coahuilense por enriquecimiento inexplicable; posee propiedades en San Antonio, Laredo y McAllen, en Texas; mientras que en Saltillo Coahuila es dueño de centros comerciales, gasolineras y extensos terrenos”, puntualizó.

Expresó que es reprobable que la Procuraduría General de Justicia de Coahuila no haya actuado para resarcir los daños causados al erario por la falsificación de documentos y después todavía se le autoriza al gobierno la contratación de más deuda, teniendo hoy sumida a la entidad en la peor crisis económica.

El vicecoordinador Parlamentario aseguró que todo este escenario ha llevado al PAN a seguir buscando la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, como la mejor herramienta de los ciudadanos para castigar la irresponsabilidad de todos los funcionarios públicos involucrados en el mal uso o abuso de los fondos públicos.

* Se evitará la opacidad y discrecionalidad en la contratación de deuda de estados y municipios: Sánchez García

Para evitar un sobreendeudamiento que pueda afectar las finanzas públicas de los estados y municipios, la bancada del PRI respaldó el dictamen, mediante el cual se reforman diversos artículos de la Constitución, en materia de disciplina financiera de estas entidades.

Lo que se pretende, explicó el senador Gerardo Sánchez García es garantizar el uso eficiente y transparente de los empréstitos, así como fijar límites claros y precisos al endeudamiento estatal y municipal.

Dijo que algunos de los contenidos principales de este dictamen son: establecer la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria, relacionada con el manejo de las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno, además de poner límites y modalidades al afectar las participaciones federales para cubrir empréstitos.

También, el Congreso de la Unión sancionará u, en su caso, objetará a través de una comisión bicamaral la estrategia de ajuste que fortalezca las finanzas públicas de las entidades federativas, de acuerdo a los convenios que celebren con el Gobierno federal, a fin de obtener garantías, agregó el legislador por el estado de Guanajuato.

Asimismo, abundó, la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados podrá fiscalizar también la deuda y las garantías que otorgue el Gobierno federal, respecto a empréstitos a los estados y municipios.

De igual forma, los gobiernos locales, los estados y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando los recursos se destinen a inversiones públicas, productivas y se prohíbe a las entidades contratar deuda a altas tasas de intereses o para cubrir gasto corriente, indicó Sánchez García.

Con esta reforma, destacó, se acota el endeudamiento a las entidades federativas y municipios, al tiempo de que se busca un uso eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos, y se abonan medidas para evitar la opacidad y la discrecionalidad con la contratación de deuda subnacional, a fin de brindar certidumbre a los contribuyentes acerca del destino de dichos recursos.