México, DF.- El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) demandó el esclarecimiento de los homicidios de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y de Rocío González Trápaga, así como castigo a los criminales.

En un comunicado dirigido al presiden Felipe Calderón Hinojosa emplazó a la CNDH para que vaya más allá de emitir comunicados lamentando los hechos de violencia y que asuma su tarea de fiscalizar el trabajo del Ministerio Público en las entidades donde han ocurrido crímenes de periodistas, para emitir las recomendaciones necesarias y urgentes.

Frente a la manifiesta falta de voluntad política de los gobiernos federal y de los estados donde se han suscitado hechos de violencia en contra de periodistas, el SNRP asume el reto de documentar los casos de negación de justicia para reclamar la intervención de instancias internacionales.

A continuación el texto íntegro:

México, D.F. 2 de Septiembre 2011.
C. Presidente de la República
C. Secretario de Gobernación
C. Jefe de Gobierno del DF
C. Presidente de la CNDH
C. Titulares de la PGR y PGJDF

A la opinión pública nacional e internacional

Con profunda indignación, los periodistas afiliados al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa hemos recibido la noticia de que gracias a la impunidad que ha permitido el Estado Mexicano a los agresores de periodistas y medios de comunicación, nuevamente el periodismo nacional se viste de luto debido al doble asesinato ocurrido en la Delegación de Iztapalapa, del D.F., al ser victimadas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga.

En los diferentes comunicados dirigidos a las autoridades federales y estatales, hemos anotado los crímenes de periodista con más agravantes, porque los criminales no solo le quitan la vida al comunicador sino también a su pareja, a sus hijos, y en el caso del último doble homicidio, se trata de dos mujeres de la comunicación con un trabajo destacado y una trayectoria reconocida.

Una y otra vez hemos insistido en que la impunidad es un estímulo para los agresores y no ha habido una respuesta efectiva y contundente de las autoridades responsables de la procuración de justicia, que sirva de señal para los autores materiales e intelectuales de la muerte de los periodistas en México.

Emplazamos a la CNDH para que vaya más allá de emitir comunicados lamentando los hechos de violencia y que asuma su tarea de fiscalizar el trabajo del Ministerio Público en aquellas entidades en las que han ocurrido los crímenes, para emitir las recomendaciones necesarias y urgentes.

A los senadores y diputados que recientemente hicieron el compromiso público de avanzar en las reformas legislativas, con motivo del incendio al casino Royale, les subrayamos que debido a la falta de esas reformas que han permanecido “congeladas” en el Congreso de la Unión, la PGR evade su responsabilidad de indagar sobre los homicidios de periodistas, argumentando que es competencia de las procuradurías estatales la investigación y esclarecimiento de los hechos, aún cuando es obvia la participación del crimen organizado.

Con los familiares de las compañeras Ana María Marcela y Rocío nuestra solidaridad y el compromiso de sumarnos a toda actividad que decidan llevar a cabo para exigir el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los criminales.

Frente la manifiesta falta de voluntad política de los gobiernos Federal y de las entidades federativas donde se han suscitado los hechos de violencia, nuestro Sindicato asume el reto de documentar los casos de negación de justicia para reclamar la intervención de instancias internacionales.

Atentamente

Por el Comité Ejecutivo Nacional

Isaac Olmedo Lavariega, Filadelfo Figueroa Mendoza, Daniel Navarro Hernández, Alfredo Arenas Casas, Oliverio ortega Gómez, Juan Manuel Concha Sierra, Claudia Fernanda Martínez y Ricardo Espejel Arellano.