La Comisión Instructora ordenó el archivo del expediente “como asunto total y definitivamente concluido”
La mayoría de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Oaxaca consideró inocente al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, de las violaciones a los derechos humanos y a libertades individuales constitucionales de la población, durante el conflicto político-social del 2006, por lo que fue exonerado.
Luego de tres horas de intenso debate, diputados de oposición de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia (PC), calificaron de una farsa el dictamen emitido por .la Comisión Instructora de la LX Legislatura de Oaxaca.
Consideraron que el diputado del Partido Nueva Alianza, Cristóbal Carmona, solo se prestó a una simulación para proteger al mandatario estatal.
Que nadie se confunda -inquirió el diputado Benjamín Robles Montoya a Carmona-, “vas a pasar como traidor, no como parte de la oposición digna”.
“No podemos olvidar que durante la campaña, cuando la candidata de Nueva Alianza declinó a favor del candidato Gabino Cué Monteagudo, fuiste tú como presidente de tu partido, quien levantó la mano al candidato priista, Eviel Pérez Magaña”.
Robles Montoya, quien hoy forma parte del equipo de transición del gobernador electo, Gabino Cué, afirmó que a pesar de la absolución hecha hoy por la mayoría priista, “Ulises Ruiz, tarde que temprano tendrá que enfrentar el juicio de la historia”’.
En su oportunidad, el diputado del PRD, Wilfredo Vázquez López, adelantó la creación de una Comisión de la Verdad que será impulsada en la próxima legislatura local a fin de investigar “con seriedad” los hechos ocurridos durante el movimiento político del 2006.
El dictamen aprobado hoy defiende la inocencia de Ruiz Ortiz en la violación de derechos humanos, de garantías individuales y de la Constitución local, ya sea por hecho u omisión, de manera directa o indirecta, durante el movimiento político-social ocurridos desde el 14 de julio de 2006 al 14 de julio del 2007.
Derivado de ello, la Comisión Instructora determinó la terminación del procedimiento de juicio político contra el mandatario estatal, por lo cual ordenó el archivo del expediente “como asunto total y definitivamente concluido”.
