Entrelíneas
Miguel Ángel Schultz
Ante los artefactos explosivos que estallaron en Oaxaca, es ridículo y lamentable que el fiscal General de Justicia de Oaxaca, Joaquín Carrillo Ruiz, minimice el hecho de tal manera que diga que fue realizado por personas que buscan solo notoriedad; ya que el pasado 17 de junio también fueron detonados artefactos explosivos en cajeros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en las instalaciones del Banco Banorte, ambos ubicados en el periférico, al sur de la capital oaxaqueña.
Carrillo Ruiz está obligado a dar con los responsables de este atentando o deslindar su competencia, por si tiene que dar intervención a las instancias federales o quedar la investigación dentro de su ámbito, por las características mismas del atentado.
Pero es lamentable que por ser día de asueto para algunos ayer, 12 de diciembre, no se pueda entablar contacto con la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, para tener información tanto de los atentados de ayer como los del pasado mes de junio.
Las explosiones ocurridas este lunes en la madrugada, en la sucursal del Banco Santander y en las oficinas de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon), se pueden calificar de actos terroristas, de acuerdo a cánones internacionales, al buscar con los estallidos infundir terror dentro de la sociedad, no tanto por el poder de las explosiones o por el número de víctimas, que afortunadamente no hubo, sino por lo que representa el acto en sí.
Este tipo de hechos, estuvieron vinculados con una causa política a inicios de la década de los años 70s, reivindicados por la Unión del Pueblo, que se conformó por la iniciativa del luchador social guatemalteco, José María Ignacio Ortiz Vides, quien asumió la vía armada como único camino valido para la transformación social con una visión internacionalista, de ahí su presencia en Oaxaca.
Este antecedente no implica que la responsabilidad de los artefactos explosivos estallados ayer en la madrugada, sean responsabilidad de algún grupo armado con ideología de izquierda, si no que es necesario tenerlo presente, para comprender la magnitud del incidente, que bien puede empezar a ser un justificante para desatar una escalada represiva contra luchadores sociales locales, inconformes con el estado actual de cosas que privan en Oaxaca y en México.
Una de las principales características de las acciones armadas de los grupos de izquierda, es que éstas son reivindicadas y no se quedan en el anonimato, lo que en este caso si se mantiene, por lo que cualquier persona u organización puede ser acusadas sin sustento.
El gobierno de México ha abierto las puertas a los capitales transnacionales sin ningún recato y de manera irresponsable, ya que no se han creado los marcos legales para reglamentar sus actividades en el país.
No hay que olvidar que la actuación, en las naciones donde se han asentado los capitales transnacionales, han terminado por colapsarlos, cuando estos países han pretendido poner coto a la explotación sin límite de sus recursos naturales.
Así sucedió en Guatemala en 1954 con el golpe de estado que derrocó a Jacobo Arbenz Guzmán y en Chile, en 1973, con el gobierno de Salvador Allende.
Sería ridículo pensar que una operación de tal envergadura, que derrumbara la endeble democracia que existe en México se consiga con artefactos explosivos detonados ayer en el Banco Santander y la Prodecon en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.
Este hecho compromete la seguridad y estabilidad de Oaxaca, no solo por ser un acto delictivo, sino porque pega de lleno en la estabilidad política al estar dirigido a un banco de capital español y a una oficina federal que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Más aún que siendo el banco de capital español, no es posible pensar que se quede con los brazos cruzados ante el riesgo que representa este atentado para sus intereses.
@MiguelAschultz
