* Luis Raúl González Pérez une su voz a la de ellos para exigir se apruebe la ley en la materia
* Se entrevistó con ellos a las puertas del Palacio Legislativo y refrendó su legítimo derecho de conocer el destino de sus familiares y la verdad de los hechos
Ciudad de México.- Al entrevistarse con familiares de personas desaparecidas que se manifestaron a las puertas del Palacio Legislativo de San Lázaro, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, les expresó su solidaridad y acompañamiento en su dolor, así como unir su voz a la de ellos para exigir se conozca su destino y para que concluya el proceso legislativo tendente a la expedición de una Ley General en materia de desaparición de personas.
Luego de señalar que no basta con la aprobación de la Ley, sino que también se requiere voluntad política y recursos para materializarla, aseguró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es su aliada en la búsqueda que han emprendido para encontrar a sus familiares, lo que no exime al Estado mexicano, a las autoridades, de cumplir con su responsabilidad para dar con el paradero de esas personas.
De igual manera, les reconoció su exigencia para conocer el destino de sus familiares, así como de acceder a la justicia, que no haya impunidad, haya resultados concretos en las investigaciones y se logre erradicar el flagelo de la desaparición de personas, además de que conozcan la verdad de los hechos y obtengan garantías de no repetición.
Tras expresarles su fraternidad y solidaridad, las y los familiares de personas desaparecidas le expresaron su agradecimiento y solicitaron que siga apoyando y empujando la aprobación de la ley, así como que no los deje solos.
“Lo principal para nosotros es la búsqueda de nuestros hijos y la no repetición, la seguridad en el país, la justicia, la verdad, pero lo principal es una búsqueda efectiva y real y que esta ley sea para las víctimas y las familias. No hay necesidad de más tiempo y demora para la aprobación de la Ley”, comentaron.
Posteriormente, en el acto conmemorativo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la CNDH demandó saldar la deuda que como país tenemos con las víctimas de las desapariciones, flagelo que debilita nuestras instituciones, afecta el tejido social y vulnera el Estado de Derecho, ya que de no hacerlo tampoco podremos decir que somos una sociedad efectivamente sustentada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos.
Señaló que esta fecha nos confronta por no atender el problema, lo cual refleja el desinterés y falta de voluntad de autoridades, los distintos poderes y órdenes de gobierno para que la verdad, justicia y reparación lleguen a todos los casos.
También nos cuestiona, por la indiferencia ante el sufrimiento y dolor de las víctimas y sus familiares, que son víctimas de nueva cuenta por la dilación en la conclusión de los procesos legislativos e implementación de políticas y acciones para incidir positivamente en el abatimiento de esa práctica.
Al participar en el acto conmemorativo de esta fecha, el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, leyó el mensaje de González Pérez, en el cual recordó que la CNDH ha señalado la urgente necesidad de reconocer el problema e implementar acciones como la debida tipificación del delito de desaparición forzada conforme a estándares internacionales.
Asimismo, el adecuado registro de los casos presentados que distinga los que propiamente impliquen desaparición forzada de los atribuidos a particulares o miembros de la delincuencia organizada, así como de las personas cuyo paradero se desconoce.
Eslava Pérez reiteró que el Estado mexicano debe reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir casos individuales en que se considere que el Estado ha vulnerado los derechos humanos, y cumplir las recomendaciones formuladas a nivel internacional sobre esta materia.
En su oportunidad, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alentó enérgicamente al Estado mexicano a reconocer la competencia del Comité de la ONU para recibir y examinar denuncias individuales de las víctimas de violaciones a derechos humanos, y exigió a la Cámara de Diputados aprobar la Ley General en materia de desaparición de personas.
Subrayó que para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es fundamental se adopte de inmediato dicho precepto y se asignen recursos que garanticen su implementación efectiva.
Finalmente, reafirmó su voluntad y compromiso de seguir acompañando a las víctimas de desaparición de personas en sus demandas de justicia, verdad, reparación, construcción de memoria y garantías de no repetición.
