No las recibe en audiencia el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, a madres que buscan a sus hijos desaparecidos e integrantes de Sabuesos Guerras, a pesar que la desaparición de personas va en aumento. Aún se emplea el término, en algunos casos, de extraviadas, que es inapropiado.

En Oaxaca existe un subregistro de éstos casos; además las pruebas de ADN tardan meses, lo que dificulta la identificación de cuerpos de personas fallecidas y no identificadas, que podrían ser de alguna reportada como desaparecida.

En  octubre del año pasado (10-2019), se encontró una osamenta en el techo de las oficinas de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General en el municipio de Tehuantepec, sin que hasta ahora se conozca si se le hizo una prueba de ADN para poder identificar de quién podría ser ese esqueleto y dar con sus familiares.

De la gravedad de los casos de personas desaparecidas es ejemplo el del estudiante de la Universidad Autónoma de México José Moreno Pérez, que desapareció a principio del año 2012 cuando visitaba las Lagunas de Chacahua, del municipio de Tututepec, en la Costa de Oaxaca, cuyo caso fue tomado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que emitió el dictamen 2760/2016, en que determina  que el Estado incumplió los artículos 6, párrafo 1 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.