* Saluda CNDH que legisladores discutan la Iniciativa para el etiquetado frontal de alimentos

Ciudad de México.- Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expresó su satisfacción porque el Poder Legislativo discuta la Iniciativa para el etiquetado frontal de alimentos, a fin de garantizar la protección del derecho a la salud de la población, en especial de niñas, niños y adolescentes, ante el preocupante incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el país.

Señaló que la aprobación de esa medida debe formar parte de una política pública integral para eliminar dichos problemas de salud, para lo cual debe escucharse a las y los titulares de los derechos y tener como eje rector el respeto, cumplimiento y garantía de los derechos humanos.

Con el ánimo de contribuir a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, la CNDH formuló de manera respetuosa siete propuestas, mediante un documento entregado este jueves a la Cámara de Diputados para incluirlas a la discusión sobre el etiquetado frontal de alimentos.

Entre ellas, el establecimiento de un sistema de etiquetado nutricional de diseño universal, comprensible, de rápida lectura para las y los consumidores de todas las edades, que considere ajustes razonables para garantizar a las personas menores de edad que viven con discapacidad el ejercicio de su derecho a la información y libertad de elección, y mecanismos para sancionar el incumplimiento de la regulación que al efecto se emita.

También, elaborarlo con base en evidencia científica y estándares internacionales, privilegiando la protección de niñez y adolescencia y las y los consumidores en general; prohibir expresamente el uso paralelo de otros sistemas de etiquetado frontal en productos alimenticios, e incluir la obligación para las autoridades competentes de adecuar la regulación sobre los criterios nutrimentales de los alimentos y bebidas industrializados a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud respecto de la ingesta de azúcares para personas adultas y personas menores de edad.

Homologar su aplicación para efectos de las normas sobre etiquetado frontal y el otorgamiento del Distintivo Nutricional por la Secretaría de Salud, que establezca controles efectivos de verificación, supervisión, monitoreo y sanción en caso de incumplimiento.

Además, se deberá designar una autoridad responsable para verificar científicamente que la proporción de azúcares, grasas, sales y otros elementos en los alimentos y bebidas coincida con la declaración de contenido y propiedades manifestado en la publicidad; evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas de las y los consumidores respecto del etiquetado, y considerar que éste sea herramienta para impulsar que la industria alimenticia reformule sus productos para reducir el contenido de elementos que propician sobrepeso y obesidad.

Así lo hizo saber el ombudsperson nacional a Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, mediante un escrito en que le informa de diversas consideraciones sobre dicho etiquetado, las cuales forman parte de una investigación más amplia respecto del sobrepeso y obesidad infantil que próximamente dará a conocer este organismo autónomo a la opinión pública.

Tales consideraciones se realizan en ejercicio de las atribuciones de observancia de los derechos humanos otorgadas a la CNDH, de las facultades concedidas por el artículo 140 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y para contribuir a la protección de sus derechos.

La CNDH informa que el sobrepeso y obesidad son problemas de salud vinculados no solo a la responsabilidad y hábitos de vida de las personas, sino a situaciones estructurales que pueden condicionar, limitar e incluso anular las oportunidades de disfrutar una vida en las mejores condiciones de salud.

Además de que el acceso a alimentos saludables, al agua y adecuada nutrición son factores determinantes básicos de la salud considerados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también comprenden el acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud.

González Pérez destaca en las consideraciones que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) afirmó en 2017 que en México el sobrepeso y la obesidad se han incrementado progresivamente y representan la segunda tasa de prevalencia más alta entre los países integrantes de ese organismo en personas de 15 años en adelante (32.4 por ciento) y la más alta proporción de población con ambos padecimientos (73 por ciento).

Además, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades ratificó las Declaraciones de Emergencia Epidemiológica EE-5-2018 y EE-6-2018 para todas las entidades federativas ante la magnitud y trascendencia de los casos de sobrepeso y obesidad, para fortalecer y apuntalar las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes.

Asimismo, señala la importancia de que el Estado establezca las pautas normativas para regular las actividades de las empresas productoras y comercializadoras, y los mecanismos para supervisar, auditar, transparentar y dar seguimiento a su cumplimiento, con base en los principios de los derechos humanos, el interés superior de la niñez y los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en los compromisos internacionales derivados de la ratificación del Convenio sobre los Derechos del Niño.