Entrelíneas
Miguel Ángel Schultz
Como era de esperarse, el secretario General de la Sección 22 del SNTE, Rubén Núñez Ginez, se presentó a la mesa de negociación realizada ayer en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en la ciudad de México, lo que representó un duro revés para quienes ven en la liberación -bajo proceso- del representante magisterial, una burla y un acto de provocación.
Sin embargo, más allá de considerar que la participación de Núñez Ginez es la muestra palpable de la derrota de la política del presidente Enrique Peña Nieto, frente a la resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en su oposición a la Reforma Educativa, el conflicto sigue en la ruta de la solución.
En Oaxaca, los empresarios fueron azuzados por el Gobierno del Estado, para lanzarse con todo en contra de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo que hicieron sin medir las consecuencias que traería para ellos mismos.
Ello, porque el final del día de su malogrado paro el lunes 8 de agosto, fue el propio gobernador Gabino Cué Monteagudo, a través de un boletín de prensa, quien minimizó la medida, al dar a conocer que sólo el 2.99 por ciento de los comerciantes y empresas establecidas en el municipio de Oaxaca de Juárez, cerraron sus puertas.
En la promoción del paro patronal metieron las manos el gobierno de Cué Monteagudo y el del municipio de Oaxaca de Juárez, que preside Javier Villacaña Jiménez. Aún están colgados los pendones en los postes con la frase: “Oaxaca en Paz”.
Al tiempo que en algunos medios se ha mantenido una campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación (MDTEO), así como de sus organizaciones aliadas, que al carecer de fundamento caen por sí mismas.
La actitud del gobierno, beligerante o de peleonero callejero, ha resultado un tiro en el pie, ya que ahora en su pasada asamblea, la Sección 22 acordó efectuar un juicio político a Cué Monteagudo, que hasta el momento lo habían dejado a un lado, en las condenas de los profesores en la escalada represiva que inició el sábado 11 de junio y que culminó con la masacre de Nochixtlán el domingo 19 del mismo mes.
A la vez que tomaron el acuerdo de impedir el próximo 1 de diciembre la toma de protesta de Alejando Murat Hinojosa, gobernador electo, lo que representa que desde la primera hora que entre en funciones enfrentará un ambiente hostil y de confrontación, que pondrá a prueba si en verdad tiene capacidad política o sólo ha sido el resultado del activismo de su papá, el ex gobernador José Murat Casab.
También, exigen la salida inmediata de Aurelio Nuño Mayer de la Secretaría de Educación Pública (SEP); la de Cué Monteagudo de la Gubernatura; y el desconocimiento del Instituto Nacional de Evaluacion Educatica (INEE) y su junta Directiva encabezada por Sylvia Irene Schmelkes del Valle, así como llaman al boicot de las empresas convocantes al paro.
Si el ahora presidente estatal de la Coparmex, Benjamín Hernández, se veía despachando en las oficinas de Gerardo Gutiérrez Candiani, nombrado Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, él sólo dinamitó esa posibilidad, ya que el organismo fue creado para ser una herramienta de equilibrio entre el sector y la sociedad para concretar inversiones productivas y convertirlas en polos de desarrollo industrial y regional, pero con su activismo es un fusible fundido.
No es necesario que los empresarios se dobleguen ante los reclamos de la Sección 22 del SNTE y la CNTE, ni que enarbolen las banderas de los trabajadores; porque no es su papel ni son sus intereses, por el contrario están en polos apuestos, pero ello no implica que la solución sea por el camino de la represión y la fuerza policiaca o militar.
De ejemplo está la actitud asumida por el magnate Alfredo Harp Helú, quien hace unos días llamó a resolver el conflicto educativo a través del diálogo, por lo que demandó al gobierno, al magisterio y a todos los involucrados a llegar a acuerdos lo antes posible y a no caer en la violencia, ni seguir afectando el tejido social.
Pero ha sido lo contrario, con el paro patronal castigaron a las personas que tienen que utilizar el servicio de transporte urbano, que suspendieron actividades, indebidamente porque es un servicio público, no privado; por lo que no pueden hacer lo que les venga en gana; está obligado Cué Monteagudo a sancionarlos, si es que en verdad quisiera hacer respetar el Estado de Derecho, pero no lo hará, porque ese paro patronal era a su favor y él lo alentó.
A los integrantes de la Sección 22 no les queda otra alternativa que regresar a clases el próximo lunes 22 de agosto (de nuevo el péndulo viene en su contra), porque si le niega al pueblo su derecho a la educación, volverán a perder apoyo popular, como lo estaban hasta el 10 de junio pasado.
Esperemos que de aquí al próximo lunes no surjan de nueva cuenta actos de provocación y que los empresarios se den cuenta que al dejarse utilizar, como lo fueron cuando intentó el gobierno imponer la construcción del centro de convenciones (de José Zorrilla de San Martín Diego, ex secretario de Turismo y Desarrollo Económico), en el Cerro de El Fortín, seguirán recibiendo el trato de perros de rancho: “cuando hay pleito los sueltan y cuando hay fiesta los amarran”.
@MiguelAschulz
