Con una reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores, concluyó hoy la visita oficial del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
La visita, que tuvo lugar del 18 al 31 de marzo, incluyó más de 25 reuniones con funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal y de Chihuahua, Coahuila y Guerrero.
Asimismo, el Gobierno de México dio plenas facilidades para que el Grupo de Trabajo visitara las Delegaciones de la PGR en los estados de Chihuahua y Guerrero, así como a la zona militar en Coahuila, con el fin de constatar, por sí mismo, las condiciones de funcionamiento de esas representaciones.
Los miembros del Grupo de Trabajo agradecieron al Gobierno mexicano la plena apertura y facilidades para llevar a cabo su visita.
En la reunión, adelantaron su evaluación y recomendaciones preliminares como resultado de la visita.
En ese contexto, las autoridades mexicanas informaron sobre la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que incluye disposiciones para garantizar la reparación del daño y armoniza el orden jurídico interno con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
Igualmente, el Gobierno de México destacó la entrada en vigor de la reforma constitucional relativa al juicio de amparo y de la reforma constitucional en materia de justicia penal, la cual incluye más de 40 disposiciones que favorecen los derechos de las víctimas e incorpora el principio de presunción de inocencia y la prohibición de toda incomunicación o tortura, entre otros.
Asimismo, se resaltó la presentación, por parte del Ejecutivo, de la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, que propone excluir de la jurisdicción militar el delito de desaparición forzada, así como del proyecto de reforma al Artículo 215-A del Código Penal Federal, que armoniza la tipificación del delito de desaparición forzada con los estándares internacionales en la materia.
En ese marco, el Gobierno de México reiteró su plena voluntad y compromiso con sus obligaciones en el cumplimiento de la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, los representantes de Poder Ejecutivo subrayaron al Grupo la pertinencia de establecer, con toda claridad, la diferencia entre un extravío, secuestro, desaparición y desaparición forzada.
De tal manera que si bien el Estado tiene la obligación de investigar y dar con el paradero de las personas, esto no significa que haya intervención de uno de sus agentes en estos actos delictivos.
Igualmente, se destacó que, debido a la escalada de violencia generada por el crimen organizado, se vio obligado a que las fuerzas armadas participen de una manera subsidiaria, temporal y en regiones específicas del país, en coadyuvancia a las autoridades civiles bajo petición fundada y motivada de éstas en actividades de seguridad pública.
El Ejército mexicano, en su convicción por respetar y proteger los derechos humanos de los mexicanos, ha aceptado todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante la presente administración.
Otro aspecto en el que igualmente se profundizó, fue sobre el funcionamiento de la figura del arraigo. El Gobierno de México explicó los amplios controles judiciales a los que está sometida esa figura antes y durante su implementación.
Con relación a procedimientos para prevenir la desaparición forzada, se informó ampliamente al Grupo de Trabajo sobre la puesta en marcha de un nuevo modelo policial mediante el cual se ha impulsado la modernización y el fortalecimiento de la policía federal, elevando considerablemente sus niveles de profesionalización y de capacitación específica en materia de derechos humanos y en uso de la fuerza.
Igualmente se subrayó al Grupo de Trabajo que el Estado mexicano ha implementado un registro de personas extraviadas, que está a disposición de todas las autoridades estatales y municipales con el fin de coadyuvar a la localización inmediata de las personas, que se suma a otras plataformas existentes para ese propósito.
El Gobierno de México subrayó también su compromiso para avanzar en la solución de casos de desaparición forzada ocurridos en la década de los setentas y principios de los ochentas del siglo pasado y todas las medidas que está tomando para que esta deplorable violación de derechos humanos sea castigada cuando tenga lugar.
El Gobierno Federal expresa su satisfacción por la visita del Grupo de Trabajo y examinará cuidadosamente cada una de sus recomendaciones, como parte de su pleno compromiso para la protección y promoción de los derechos humanos.
