Miguel Ángel Schultz

Va a ser difícil que presidente alguno de México supere a Andrés Manuel López Obrador en su número de visitas a Oaxaca (cerca de 40) y los beneficios, que cada una de ellas dejó a la entidad, empezando por la carretera que comunica a la capital del estado con la Costa de Oaxaca, sin mencionar el Interoceánico que representa un potencial económico de tres continentes: Asía, América y Europa.

El sexenio de López Obrador transitó entre el gobierno del priista Alejandro Murat (2016–2022), ahora senador por Morena, y el morenista Salomón Jara, cuyo mandato inició en diciembre de 2022.  

En 2023, la economía tuvo un crecimiento del 8.3 por ciento, por arriba de la tasa nacional que fue del 3.2 por ciento, lo que no se había visto jamás para la empobrecida Oaxaca.

Pero no se trata sólo del crecimiento económico alcanzado por el gobierno de López Obrador, sino que también hay que mencionar el reconocimiento al valor cultural de los pueblos de Oaxaca, que ha detonado un proceso de recuperar la dignidad de su población, avasallada por el racismo soterrado que existe en México.

Durante la administración de López Obrador se aprobó la reforma a la Constitución que los reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su cultura, lo que permitirá que tendrán mayores derechos las niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos y que les garantizara mayores oportunidades para tener una vida con las oportunidades que hoy no tienen.

Hay que recordar que Oaxaca es la entidad del país que tiene el mayor número de pueblos originarios, 16 reconocidos oficialmente, y representa la entidad con el mayor número de población indígena, al considerar que el 70 por ciento de su poco más de cuatro millones de habitantes se auto inscribe como indígena y el 4.7 por ciento se considera afromexicano.

Es verdad que aún queda un largo camino que recorrer, así lo demuestra el hecho que más del 80 por ciento de los cerca de 94 mil kilómetros cuadrados de su territorio pertenecen a ejidos y comunidades, de sus pueblos originarios principalmente, que vieron disminuidos sus derechos con la reforma al Artículo 27 Constitucional que hizo durante su sexenio el padre del neoliberalismo mexicano Carlos Salinas de Gortari.

También, es bien cierto que la Reforma Constitucional para los Derechos de los Pueblos Indígenas de López Obrador, es limitada al no reconocer todos sus derechos sobre sus territorios y recursos naturales, lo que obliga a mantener la movilización de la población por sus derechos, tanto de los pueblos originarios, como de toda la sociedad.

El proyecto Interoceánico también implica el riesgo, que al estar presentes los intereses de los grandes capitales tricontinentales, se pueda dar la perdida de esa franja del territorio nacional, por ello es necesaria la unidad de los pueblos originarios y la suma de las organizaciones para evitar que ello ocurra, encasillar a los liderazgos locales como intermediarios, sino aliados como agentes del cambio.

En la Costa, por la carretera que ha acortado la distancia, de siete a dos horas, detonando como en la ciudad de Oaxaca, la gentrificación, destruyendo la identidad cultural, la economía local que requiere de enfrentarla con una propuesta de desarrollo que surja desde abajo del pueblo de Oaxaca, propuesta que la retome el gobierno de Salomón Jara, para que se apropie del desarrollo y de su destino la población local.

López Obrador creó las bases para dejar la pobreza ancestral de Oaxaca, que forma parte del sur de México, ahora corresponde a todos y todas, profundizar el proceso para que el pueblo tome en sus manos su propio destino y que éste no quede en poder de los intereses oligopólicos transnacionales.