* La Constitución prohíbe consultar asuntos relacionados con el Presupuesto de Egresos, se argumenta en el documento aprobado en comisiones de Gobernación y Hacienda

Ciudad de México.- Las comisiones unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público aprobaron el dictamen que declara improcedente la petición de consulta popular en materia de otorgamiento de apoyo económico a trabajadores, formales e informales, que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atraviese el país, como la originada por la Emergencia Sanitaria del Covid-19.

La Comisión de Gobernación, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, avaló este Proyecto de Decreto con ocho votos en favor y cinco en contra. En tanto, la Comisión de Hacienda, encabezada por el senador Alejandro Armenta Mier, lo respaldó con ocho en pro y seis en contra.

El documento precisa que esta petición no procede debido a que versa sobre una materia que, constitucional y legalmente, no puede ser objeto de este derecho ciudadano, según lo dispuesto en el artículo 35, fracción VIII, base 3 de la Constitución.

Se explica que en dicho artículo se establece que no podrán ser objeto de consulta popular los ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otros asuntos.

Indica que el 15 de septiembre de 2020, senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios, presentaron ante la Mesa Directiva del Senado, por conducto de la legisladora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, dicha petición de consulta popular, respaldada por un mínimo equivalente al 33 por ciento de esta Cámara.

En la discusión, el senador de Morena, Salomón Jara Cruz, dijo que desde su punto de vista “el pueblo de México ya respondió a esta pregunta en la pasada elección del 2018”. Destacó que el actual Gobierno, como ninguno en la historia del país, reorientó el presupuesto federal y concentró el gasto en programas y proyectos que tienen como objetivo fundamental revertir la desigualdad.

A su vez, Rocío Adriana Abreu Artiñano, senadora de Morena, manifestó que este tema está imposibilitado por la ley para someterlo a consulta popular, por lo que se tiene que reformar la legislación correspondiente “para poder entrar a esta materia”.

Gálvez Ruiz aseguró que lo único que se está planteando es que haya un apoyo para los mexicanos que perdieron su empleo, “ya que por la crisis sanitaria no hay empleos e inversión”.

No se le debe tener miedo al pueblo. Se le debe preguntar a los mexicanos si quieren o no, que se les dé un apoyo económico a las personas que han perdido su empleo. “Administren bien al país porque dinero hay, el problema es que lo están dilapidando”, apuntó.

La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, expresó que la constitucionalidad de la pregunta no es materia del Senado de la República, sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, dijo que se les debe enviar, para que ellos lo consideren. “Igual nos puedan dar nuestra ayudadita, como se la dieron al presidente y a lo mejor, si no les gusta mucho la redacción, la puedan adecuar”, expresó.

Indicó que la pregunta cumple con los criterios que marca la Ley de Consulta Popular, pues se trata de un tema de trascendencia nacional porque la severa crisis de salud y económica por la que atraviesa el país pegaron fuertemente en todos los estados del país, así como en una parte importante de la población.

El senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, dijo que se debe dejar establecida una política pública de apoyo económico a la gente que así lo requiera cuando haya una crisis en el país. “El pueblo debe decidir si se aprueba esa política en la Constitución”, opinó.

Refirió que los apoyos que brindó el Gobierno se caracterizaron por su discrecionalidad y falta de transparencia, “eso es lo que debemos legislar y por ello, estamos a favor de que sea el pueblo el que decida en esta materia”.