* La senadora Angélica de la Peña Gómez anunció que buscará una interlocución con la Secretaría de Gobernación, a fin de que las peticiones de estos refugios sean escuchadas

* El Estado no ha tomado con seriedad el tema de derechos humanos de las mujeres, dado que lo ha visto como “un tema de trámite”: Patricia Olamendi

Ciudad de México., 14-jul-2016.- Es indispensable que el gobierno implemente una política, acompañada de recursos, para fortalecer los refugios de la sociedad civil, encargados de atender a mujeres víctimas de violencia de género, advirtió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, Angélica de la Peña Gómez.

Durante la presentación del libro “Mujeres construyendo caminos de libertad: voces testimoniales de los refugios en México”, dijo que desde estos espacios, creados por la sociedad civil organizada, son encargados de crear más y mejores condiciones para albergar a las mujeres y sus familias que huyen de la violencia.

Los gobiernos de los distintos estados del país deben entender que la atención a la violencia de género no es una obligación de las organizaciones de la sociedad civil, ya que se trata de un fenómeno que atenta terriblemente contra el desarrollo humano de las mujeres, señaló.

En este sentido, dijo que es necesario implementar una política que integre los datos, características y tipos de violencia de género que se vive en las distintas entidades federativas del país, ya que esta es una situación que abarca todo el territorio, “no hay un solo estado que pueda levantar la bandera blanca”.

Es por ello que se debe informar, de manera formal, cuáles son las formas de violencia contra las mujeres, sus características, y que cada entidad las integre a un banco de información, para que sea posible recabar estos datos a nivel nacional, explicó.

Los datos que se obtengan deben ser debidamente sistematizados, para que a través de una metodología científica se elabore un estudio riguroso que permita desarrollar un diagnóstico de la violencia de género en el país, por cada una de sus regiones, indicó.

Señaló que no se conoce si los programas y centros de justicia que atienden esta problemática están realmente impactando a la prevención y erradicación: “no hay una política de prevención y menos la intención de caminar hacía un estadio donde su eliminación sea un objetivo a lograr”.

La legisladora se comprometió a buscar una interlocución con la Secretaría de Gobernación, a fin de que las peticiones de estos albergues sean escuchadas. “Se trata de apoyar su causa y así identificar dónde hay mayor incidencia de violencia feminicida, y así concentrarse en las localidades en las que se encuentran las situaciones más críticas”.

A su vez, la presidenta de Promujer, Patricia Olamendi, dijo que el Estado no ha tomado con seriedad el tema de derechos humanos de las mujeres, dado que lo ha visto como un tema de trámite en el que puede seguir arrastrando un caso tras otro, lo cual se puede reflejar en los “cientos” de recomendaciones emitidas a México.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), el 67 por ciento de las mujeres han sufrido violencia; de estas el 50 por ciento ha sido de carácter físico y cuatro de cada 10 registraron violencia sexual, refirió.

En lo que respecta a la desaparición de mujeres y niñas, diversos reportes consideran que éste es un tema central, pues los registros de protección señalan que hay más de 250 mil niñas y jóvenes desaparecidas. Por ello, lamentó que la vida, libertad y seguridad por parte del Estado mexicano sea poco tomada en cuenta.

Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios, señaló por su parte que actualmente existen 44 refugios que brindan apoyo a mujeres mexicanas y de otros países víctimas de violencia, a través de la prevención, empoderamiento y toma de decisiones.

Comentó que si bien hay avances en materia legislativa y de recursos, es necesario convocar a una mesa interinstitucional para que el presupuesto no se reduzca, y se continúe con el apoyo que se brinda al Estado mexicano para cumplir con las recomendaciones internacionales en materia de género.