El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, enfatizó que dicha demanda encontró respuesta en el Movimiento Chihuahense el 10 de noviembre del 2014; mientras que en el Senado de la República fue apoyada por 43 senadores el 19 de noviembre del 2014.
Aseveró que la denuncia es un hecho paradigmático porque está plenamente acreditado, ya que se basa en documentación oficial plenamente acredita, que no tienen forma de evadir las procuradurías de Justicia del Estado de Chihuahua y General de la República, ya que se configuran delitos del fuero común y del fuero federal, por lo que tendrán que dar respuesta.
Al argumentar que la denuncia da cuenta de las nuevas modalidades que adoptan la corrupción y la malversación de los recursos públicos del país, Encinas Rodríguez declaró que no sólo es una denuncia de enriquecimiento inexplicable por 65 millones de pesos que invierten el gobernador y su esposa en el Banco Unión Progreso.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) manifestó que no pueden acreditarle los ingresos percibidos a él y su esposa como vendedor de autos usados, ni como diputado federal, ni como gobernador de la entidad.
Añadió que cómo pudo obtener un nivel tan alto de ingresos en un periodo bastante significativo de tiempo, por lo menos 15 años consecutivos en el desempeño de actividades, da cuenta de cómo esos recursos de procedencia inexplicable se triangulan dentro del sistema financiero del país.
Declaró que no solo es el enriquecimiento inexplicable de 65 millones de pesos, sino la inversión de recursos públicos del gobierno del estado de Chihuahua para incrementar el capital de un banco en construcción y al mismo tiempo incrementar el patrimonio de ese banco; dichos recursos se incorporan al sistema financiero nacional en el que intervienen la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Asociación Nacional de Bancos.
Señaló que ese mismo esquema es el que se utiliza para el lavado de dinero de recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero de México donde se ha llegado a estimar que ya el lavado de dinero supera los 10 mil millones de pesos.
El senador manifestó que es un asunto a un mayor y no pueden eludir esta demanda que se ha planteado a través del punto de acuerdo la autoridad federal para dar respuesta.
Asimismo, anunció que el próximo martes 20 de enero en el Senado de la República, se iniciarán las audiencias para debatir el decálogo que dio el titular del ejecutivo federal en materia de seguridad y justicia donde uno de los temas centrales es la corrupción y se van a debatir temas vinculados con las experiencias locales, el mando único policial estatal, la intervención federal por la infiltración del crimen organizado en los municipios y el sistema de competencias en materia penal y afirmó que el primer ponente será el gobernador del estado de Chihuahua.
Exhortó a las comisiones de Hacienda y de Justicia del Senado de la República ayuden a que se dictamine el punto de acuerdo, así como a los senadores José Yunes y Roberto Gil para que convoquen a las comisiones unidas para resolver sobre este punto de acuerdo a fin de que iniciado el período ordinario de sesiones el 01 de febrero pueda convalidarlo el pleno del Senado de la República, en donde ya se ha conformado una mayoría para aprobar este punto de acuerdo, a fin de que tenga un respaldo la denuncia de Jaime García Chávez y los datos presentados por Francisco Barrios y Víctor Quintana hacen referencia de la plenitud del problema de descomposición y corrupción no solamente del estado de Chihuahua, sino del país, en el sistema financiero y de las Instituciones financieras de la nación.
Aseguró que es un asunto en el que no solo interviene el banco Progreso de Chihuahua S.A. de C.V., sino el Banco Mercantil del Norte, la institución de banca múltiple y el grupo financiero Banorte, por lo que no puede ser del desconocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de la cual se espera respuesta y que no solamente se haga eco al Senado sino a la demanda de la sociedad del estado de Chihuahua que merece respeto y rendición de cuentas, y se maneje con transparencia los recursos públicos que deben ser para el bienestar para el desarrollo de la entidad.
Encinas Rodríguez espera tener los resultados para el mes de febrero y que prospere la denuncia que Jaime García presentó en su oportunidad.
