* Cuando la mujer ingresa a prisión, ella se culpabiliza y su familia se rompe
* Tres propuestas para la nueva Ley Única en materia de Ejecución de Penas

Oaxaca, Oax., 26-may-2015.- Pese a la tendencia a la igualdad de sexos en nuestra sociedad, el encierro en prisiones es una sanción inadecuada para aplicarse a mujeres, pues en ellas se sienten doblemente marginadas a causa de su reclusión y por su rol de género, puntualizó Martha Julia Avendaño Córdova, integrante del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Al presentar tres propuestas para dignificar la estadía de las mujeres internas en los Centros de Readaptación Social (Ceresos), señaló que el hombre y la mujer viven de forma radicalmente diferente las repercusiones de la vida en prisión con respecto a sus familias.

Cuando el hombre ingresa a un Cereso, el núcleo familiar sobrevive y él cuenta con un apoyo desde el exterior; en cambio, cuando una mujer, esposa y madre ingresa al encierro, la familia se rompe y la mujer se ve abandonada a su suerte, lo cual la llena de un profundo sentimiento de culpa, explicó la consejera ciudadana.

Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano del organismo defensor realizada este 26 de mayo, señaló que estas circunstancias harían recomendable en la legislación penal y penitenciaria una serie de instancias jurídicas que permitieran el ingreso de la mujer en los Ceresos sólo en casos excepcionales.

Avendaño Córdova argumentó que una proporción considerable de mujeres que han cometido un delito no plantean un riesgo para la sociedad, por lo cual su encarcelamiento no fomenta sino dificulta su reinserción social.

La presencia de la mujer en prisiones mexicanas no decrece sino aumenta: en 2013 el cinco por ciento de la población penitenciaria era femenil, lo que equivale aproximadamente a 12,600 internas en 15 centros de internamiento, de los cuales 13 son de carácter estatal y dos federales (estos últimos ubicados en Nayarit), advirtió.

Expuso que un problema específico lo sufre la mujer interna cuando debe soportar su estadía en prisión con un embarazo, pues los establecimientos para mujeres internas presentan deficiencias en atención médica, como falta de personal especializado, de instrumental médico, de medicamentos y de material de curación, entre otros.

La consejera ciudadana de la Defensoría indicó que esos datos constan en el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana.

Ante los integrantes del Consejo Ciudadano de la Defensoría, la consejera planteó tres propuestas que debieran incluirse en la nueva Ley Única en materia de Ejecución de Penas.

La primera propuesta de Avendaño Córdova es la posibilidad de trabajo a favor de la comunidad cuando la pena impuesta a la persona no exceda de cinco años de privación de la libertad.

Esta opción, abundó, sustituiría la pena privativa de la libertad a personas sentenciadas que sean cuidadoras principales o únicas cuidadoras de hijas e hijos menores, hasta que éstos cumplan 12 años de edad, o bien, a personas con alguna discapacidad que les impida valerse por sí mismas.

La segunda propuesta de la consejera ciudadana es que las mujeres internas sean tratadas exclusivamente por personal penitenciario femenino en todas las áreas de cada Cereso, principalmente en las de dirección, custodia, registro y salud.

La tercera propuesta, explicó Avendaño Córdova, es que las mujeres embarazadas privadas de la libertad cuenten con atención médica obstetra-ginecológica y pediátrica, antes, durante y después del parto.

Esta atención deberá realizarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el centro penitenciario correspondiente, que deberá contar con las instalaciones y el personal de salud especializado, finalizó.