La activista integrante de Mujeres Unidas por la Paz, fue privada de la vida el pasado 12 de mayo del año en curso, por disparos de arma de fuego, cuando caminaba por una de las calles de la Zona Centro, de Culiacán, Sinaloa.
Horas antes había acudido a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, para revisar el caso de la desaparición de su hijo ocurrida en febrero de 2012.
El presidente de la CNDH instruyó que personal de este Organismo autónomo se constituyera en el lugar de los hechos a efecto de recabar datos para la integración de la queja, entrevistarse con los familiares y dar seguimiento a las investigaciones que realizan las autoridades competentes.
De igual forma, determinó solicitar medidas cautelares a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad Federativa, a favor de los familiares de la activista.
Esta Comisión Nacional insiste en que una de la manera más eficaz de prevenir que se cometan hechos como este, es mediante el castigo a los responsables de la comisión de los delitos, por lo que las autoridades deben actuar con la debida diligencia en la investigación y evitar que dichos actos queden impunes.
Una vez integrado el expediente de queja y agotadas las investigaciones, la CNDH emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.
