De acuerdo con información publicada en diversos medios, el comunicador habría sido “levantado” hace dos semanas y fue hallado sin vida el 27 de agosto pasado; según las notas publicadas, se desconoce el lugar donde su cuerpo fue localizado.
Por instrucciones del Ombudsman Nacional, una vez que se conoció la noticia, visitadores adjuntos acudieron a esa entidad a recabar información y datos relativos al caso, así como para conocer de las actuaciones ministeriales referentes a la investigación de tales acontecimientos.
Para la CNDH, los agravios en perjuicio de los periodistas comprometen a los gobiernos, federal y estatal, a realizar un oportuno y eficaz esfuerzo de investigación que impida la impunidad y el deterioro progresivo de la libertad de expresión.
Sostiene que es obligación del Estado prevenir cualquier acto que violente la libertad de expresión, ya que toda sociedad democrática debe tener como uno de sus principales componentes la participación de una prensa libre e independiente, que cumpla con su función social en condiciones de seguridad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos investiga los acontecimientos, da seguimiento puntual a las indagatorias y, en su oportunidad, emitirá la determinación que proceda conforme a derecho.
