Oaxaca, Oax., 25-ene-2015.- El defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, llamó a la ciudadanía a la prudencia y a que evite confrontarse con personas que realizan movilizaciones en demanda de solución a problemas sociales.

Entrevistado sobre el desalojo de los maestros que bloquearon el aeropuerto de Huatulco, realizado por habitantes y prestadores de servicios turísticos, el ombudsman alertó sobre los riesgos de las acciones de ese tipo, que pueden derivar en enfrentamientos violentos.

Advirtió que los intentos de seguir ese ejemplo pueden polarizar aún más a la ya dividida sociedad oaxaqueña y, en lugar de abonar a la reconstrucción del tejido social, contribuyen a aumentar el encono y la criminalización de la protesta social. “¿A qué intereses puede servir la violencia?”, cuestionó, al tiempo de advertir que Oaxaca ya está prácticamente inmersa en los procesos electorales federales.

Celebró también la prudencia de las y los profesores que en Huatulco levantaron su bloqueo sin enfrentarse ni oponer resistencia. “Huatulco nos habla de la descomposición social que vivimos y es un llamado de alerta sobre la falta de capacidades institucionales para atender la demanda social”, expuso.

Aunque aplaudió que existan iniciativas ciudadanas para defender los derechos humanos, advirtió que éstas no deben orientarse a restablecer por sí mismas sus derechos, sino apelar al Estado, que tiene la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas.

“Nunca estaremos de acuerdo en que se criminalice la protesta social, y nunca estaremos de acuerdo en que la ciudadanía pretenda hacerse justicia por propia mano”, expresó Peimbert Calvo.

Señaló también que las molestias a la población derivadas de las protestas, no sólo magisteriales sino de distintos gremios y sectores de la población, se deben en buena medida a que el Estado mexicano no ha tenido la capacidad para canalizar de manera efectiva las demandas sociales.

“Que un grupo de ciudadanos se confronte con otro bajo la mirada pasiva de quienes tienen la obligación de evitar estos conflictos, no es una solución, sino una perversa manera de administrar problemas”, subrayó el ombudsman.