Ciudad de México.- Los esfuerzos de autoridades para incidir en las conductas delictivas no han sido eficaces ni hay coordinación entre las dependencias federales y estatales para frenar el elevado número de secuestros de personas migrantes, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Luego de agregar que además faltan mecanismos de seguimiento y análisis de medidas para prevenirlos, indicó que la actuación de las autoridades no corresponde con la gravedad y frecuencia del delito que se ha incrementado como resultado, entre otros factores, de la impunidad.

Advirtió con preocupación que las agresiones contra ese grupo vulnerable persisten, como sucedió recientemente en el estado de Tamaulipas, lo que aqueja tanto a las personas extranjeras en contexto de movilidad, como a la comunidad en su conjunto, por la inseguridad en esa y otras zonas y los riesgos que al transitar por ahí se presentan, afectando el Estado de Derecho y el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Desde 2009, la CNDH ha denunciado públicamente los casos de personas migrantes que son víctimas de delitos en su tránsito por el país, y desde entonces solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno la adopción de medidas de investigación, protección y prevención para atender dicho problema, así como la conformación de políticas públicas que garanticen la no repetición de tales sucesos, en beneficio de la protección integral de los derechos humanos de ese grupo en situación de vulnerabilidad.

El 15 de junio de 2009, este organismo emitió el “Informe Especial cobre los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes”, en que analizó el contexto de los delitos contra ese grupo y se propusieron medidas a las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Instituto Nacional de Migración. La CNDH calculó que en un semestre (de septiembre de 2008 a febrero de 2009), las nueve mil 758 víctimas secuestradas generaron ganancias aproximadas a los 25 millones de dólares.

En febrero de 2011, la CNDH hizo público el diverso “Informe Especial sobre secuestro de Migrantes en México” en el que documentó que para 2010 la cifra se incrementó a 11 mil 333 víctimas en seis meses (de abril a septiembre 2010), registradas en 214 eventos de secuestro masivo, destacando como focos rojos los estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.

No obstante, se advirtió que las autoridades no implementaron acciones eficaces para combatir y prevenir las causas del delito, ya que en agosto de 2010 fueron encontrados 72 cuerpos sin vida de personas migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Ante ese lamentable hecho y la falta de acción de las autoridades correspondientes, el 23 de diciembre de 2013 la CNDH emitió la Recomendación 80/2013, por la privación de la vida de esas 72 personas, dirigida a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y al Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Para garantizar la no repetición de esos hechos se propuso la coordinación entre las autoridades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para recabar información respecto de la comisión y combate de la privación ilegal de la libertad de personas migrantes, con el fin de generar un diagnóstico útil para el diseño de políticas públicas de prevención, investigación y persecución de ese delito, e intensificar la vigilancia en las rutas de tránsito de migración en el país, particularmente en las zonas identificadas como de alto riesgo.

El 18 de octubre de 2017 se emitió la Recomendación 8VG/2017, por el caso de 49 personas halladas sin vida en Cadereyta, Nuevo León, dirigida a la PGR y a los Gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, en la cual se reiteró la necesidad de realizar un diagnóstico sobre las rutas de tránsito de migración en el país, particularmente en las zonas identificadas como de alto riesgo para la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de personas migrantes, con la finalidad de que se intensificaran acciones de vigilancia y evitar casos similares.

La CNDH ha acercado sus servicios, y lo continuará haciendo, a las personas en contexto de migración mediante visitas constantes a las estaciones migratorias, albergues y casas de migrantes, así como en otros lugares en que éstos se concentran o transitan, para recibir sus quejas o testimonios por las violaciones a derechos humanos que sufren durante su tránsito por México.

Durante estas actividades, personal de la CNDH detecta la incidencia de narraciones de secuestro y la insuficiente actuación de las autoridades migratorias, de las encargadas de la seguridad pública y de la persecución de los delitos.

La CNDH estará atenta al desarrollo de las investigaciones en torno a la desaparición de las 22 personas migrantes en Tamaulipas, con el fin de observar que las autoridades de los tres niveles de gobierno, encargadas de las acciones de búsqueda y localización, tengan como prioridad el hallazgo en vida y en pleno respeto a los Derechos Humanos de esas personas.

Además, exhorta a dar cumplimiento a las propuestas realizadas en los distintos documentos citados que permitan crear políticas públicas efectivas para garantizar la no repetición de tan lamentables hechos.