Oaxaca, Oax., 18-nov-2016.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) condenó un nuevo agravio contra trabajadores de la comunicación y defensores de derechos humanos en el estado, luego que en septiembre pasado se emitió una alerta temprana –a la cual no han respondido las autoridades– en busca de frenar las agresiones que se han multiplicado contra las y los comunicadores oaxaqueños en los meses recientes.
En el expediente DDHPO/2332/(01)/OAX/2016, el organismo defensor recibió el 16 de noviembre pasado la queja de Pedro Matías Arrazola, Mónica Gisela Ramírez Hurtado, Jazmín Gómez Ortega, Carina Sosa García, Lilia Oralia del Refugio Torrentera Gómez, Paulina Alejandra Ríos Olivera, Nereidas González Ruiz, Roselia Orozco Martínez, Alfredo Jacciel Morales Cruz y Diana López Manzo por probables violaciones a sus derechos humanos en virtud de una campaña de desprestigio y hostigamiento iniciada en contra de las y los reclamantes el viernes 11 de noviembre.
A dicho expediente se acumularon las quejas presentadas por la periodista María de los Ángeles Nivón Molano, en el expediente DDHPO/2339 /(01)/OAX/2016, y por las personas defensoras de derechos humanos Minerva Nora Martínez Lázaro y Wilfrido Mayrén Peláez, asentadas en el expediente DDHPO/2343/(01)/OAX/2016.
Estas tres quejas también se refieren a la falsa información con acusaciones de aceptación de sobornos pagados con recursos públicos que, de manera anónima, circula en redes sociales y medios electrónicos.
El organismo defensor expresó su preocupación por la posibilidad de que la difusión del citado anónimo se trate de una campaña de difamación orquestada para minar el trabajo de los periodistas y defensores que han sido críticos al Estado, pues esa clase de operaciones son contrarias a cualquier principio de vida democrática.
Las y los comunicadores, así como las personas defensoras de derechos humanos, reclaman que desde el 11 de noviembre se difunde en redes sociales y medios informativos electrónicos una lista que se refiere fue proporcionada por el Congreso estatal, en la cual aparece que ellos cobran 60 mil pesos mensuales a dicha Legislatura, cuando las y los agraviados son conocidas y conocidos por haber denunciado diversos desvíos de recursos públicos en la administración estatal.
Tras la comparecencia de las y los comunicadores y personas defensoras de derechos señalados, la Defensoría solicitó a los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo rendir, en un plazo de cinco días, informes detallados sobre los actos señalados en la queja, así como copias certificadas de la documentación pertinente para que el organismo autónomo pueda dar seguimiento al caso.
