* Solicitó organismo defensor colaboración de la Fiscalía para determinar causas de muerte de la víctima

* Organismo defensor pide además aclarar si policías agredieron a deudos del fallecido

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) investiga posibles violaciones a los derechos humanos de un hombre que falleció en los separos de la cárcel municipal de Santa Lucía del Camino –municipio conurbado a la capital oaxaqueña-, después de haber sido detenido por una supuesta falta administrativa.

El organismo defensor indicó que el lunes 7 de agosto inició de oficio el expediente DDHPO/1306/(01)/OAX/2017 al tener conocimiento por medios de comunicación de que había fallecido una persona que estaba detenida en los separos de la policía municipal de Santa Lucía del Camino.

Dentro de la indagatoria iniciada por la Defensoría se requirió a la autoridad del municipio de Santa Lucía del Camino rendir un informe detallado respecto a su intervención en este suceso, a fin de valorar si en este caso pudo ocurrir una ejecución extrajudicial.

Además, este martes 8 de agosto, la Defensoría abrió el expediente DDHPO/1314/(01)/OAX/2017, tras conocer por medios de comunicación que al término de la misa de cuerpo presente de la persona que falleció en los separos, se suscitó un conflicto en las instalaciones de la policía municipal de Santa Lucia del Camino, luego de que familiares de la víctima llevaran el ataúd a ese lugar.

Por ese conflicto, la institución defensora autónoma solicitó al presidente municipal del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz González, la adopción de una medida cautelar consistente en instruir a los elementos de la policía municipal involucrados en los sucesos para que se abstengan de causar actos de molestia en contra de los familiares de la persona fallecida.

En el expediente abierto el 7 de agosto por el deceso del detenido, la Defensoría pidió específicamente que se le informe sobre las causas, lugar y hora de la detención de la víctima y, una vez realizada la detención, ante qué autoridad fue presentado el detenido, además de que la autoridad indique las posibles causas de su fallecimiento.

Además, la Defensoría pidió la colaboración a la Fiscalía General del Estado para que informe el resultado de la necropsia (en la que se determina la causa de la muerte de dicha persona), así como los avances de la indagatoria.

La institución defensora explicó que, de acuerdo con la información difundida en medios de comunicación, la víctima fue detenida la noche del 5 de agosto último por supuestas faltas administrativas, tras de lo cual fue trasladada a los separos de la policía municipal.

La información difundida indica que un familiar del detenido acudió en reiteradas ocasiones a buscarlo, pero los policías no le permitieron ver a su pariente, y el domingo 6 de agosto último, a las 17:00 horas, cuando el familiar volvió acudir, le negaron información sobre su consanguíneo, aun cuando, para entonces, esa persona posiblemente ya había perdido la vida.

La Defensoría recapituló en medios de comunicación que, a las 16:30 horas del domingo 6 de agosto, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al cuartel de la policía municipal, donde valoraron a la víctima y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En cuanto al enfrentamiento suscitado este 8 de agosto durante el funeral de la persona fallecida, la Defensoría solicitó a la Fiscalía instruir al fiscal o agente del Ministerio Público que corresponda a fin de que inicie legajo de investigación en relación con el posible involucramiento de elementos de la policía municipal y autoridades municipales de Santa Lucia del Camino en la trifulca referida.

La Defensoría demandó iniciar el legajo de investigación relativo a delitos que pudieran haber cometido los policías municipales de Santa Lucía, y pidió que dentro del mismo se dicten las medidas de protección necesarias a favor de los familiares del occiso, tendientes a que no se ponga en riesgo la seguridad ni la integridad física de esas personas.

Asimismo, la institución defensora pidió instruir a los elementos de la policía municipal involucrados en los sucesos para que, en un plazo de siete días hábiles, rindan un informe detallado y completo sobre los actos que constituyen el expediente de queja.