* Se queja por golpes de policías municipales al pedir derechos políticos
* Pide Defensoría a la Fiscalía investigue la presunta agresión; a SSPO que garantice seguridad de peticionaria
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) y a la Fiscalía General del Estado intervenir para que se proporcionen las medidas de protección necesarias a la ciudadana Gabriela Maldonado Rivera, quien se quejó de que autoridades municipales de San Martín Peras, municipio del distrito de Juxtlahuaca, la golpearon debido a que exigió su derecho a la participación política.
El organismo defensor solicitó a la SSPO que instruya a elementos policiacos a su cargo para que se coordinen con la Fiscalía y brinden seguridad a Maldonado Rivera.
También pidió a la Fiscalía girar instrucciones a la Agencia del Ministerio Público que corresponda para que inicie un legajo de investigación por los delitos que lleguen a configurarse en el caso de la agresión reclamada por Maldonado Rivera, y que realice el procedimiento de consignar el caso ante un Juzgado para que éste ejercite acción penal si hay elementos probatorios.
La DDHPO solicitó de oficio dichas medidas cautelares al tener conocimiento de que la ciudadana reclamó nuevamente ser víctima de actos de agresión por parte de dos policías municipales que, dijo, actuaron en su contra por órdenes orden del presidente municipal, Santiago Ramírez Cervantes, y del síndico municipal, Sergio Rivera Flores, en represalia porque la quejosa exigió su derecho a la participación política en el municipio.
Señaló que ya había intervenido para proteger los derechos humanos de la peticionaria, pues en noviembre de 2016 ella acudió a la oficina regional del organismo para quejarse tras recibir amenazas, hostigamiento e intimidación, debido a que ella y las ciudadanas Rosa Aguilar Ramírez y Mariana Díaz Ortiz exigieron ser tomadas en cuenta para la elección de autoridades municipales de San Martín Peras.
Por ese reclamo, la Defensoría inició el 3 de noviembre del año previo el expediente de queja DDHPO/SJ/56/(12)/OAX/2016, en contra de la autoridad municipal de San Martín Peras, por amenazas, hostigamiento e intimidación, además de que solicitó medidas cautelares para las peticionarias.
Como medida de protección, la Defensoría requirió a la autoridad municipal de San Martín Peras que los servidores públicos de ese ayuntamiento se abstuviesen de causar cualquier acto de molestia en contra de las peticionarias, su familia y posesiones.
Además, la Defensoría solicitó a la autoridad municipal que rindiera un informe detallado sobre el conocimiento que tuviera de los hechos señalados por la agraviada.
La Defensoría indicó que es una responsabilidad de las instituciones del Estado favorecer el desarrollo de las mujeres e impulsar su participación en cada una de las esferas de la vida social y política, pues las mujeres históricamente han afrontado condiciones de desigualdad que deben ser superadas con acciones afirmativas, entre las que destaca el garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
