De acuerdo con información recabada por la CNDH, en la madrugada del 10 de abril en curso, alrededor de 200 personas migrantes que viajaban en el tren con dirección a Coatzacoalcos, Veracruz, fueron sorprendidos por un grupo de la delincuencia organizada.
Los delincuentes viajaban a bordo del tren y otros en una camioneta en movimiento cuyos pasajeros exigían al maquinista detener el tren y al no hacerlo fue baleado igual que otra persona migrante que falleció en el lugar al negarse a pagar una “cuota” para continuar su camino, otros resultaron lesionados, así como mujeres que presuntamente también fueron atacadas.
A fin de realizar la investigación de los hechos y las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas, el presidente de este organismo nacional, Raúl Plascencia Villanueva, giró instrucciones para que un grupo de visitadores adjuntos y peritos se desplazaran a los diversos puntos en que fueron trasladadas las personas migrantes.
También, visitarán la agencia del Ministerio Público de la Federación en Coatzacoalcos, Veracruz, para dar seguimiento a las investigaciones, así como el lugar de los hechos para certificar el estado físico de las personas, recabar testimonios e información del caso y brindarles la atención y orientación sobre su situación migratoria.
Asimismo, dentro de las primeras acciones de la CNDH, solicitó información a diversas autoridades, como el Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría General de la República, las procuradurías Generales de Justicia de Veracruz y Tabasco, así como las presidencias municipales de Huimanguillo, Tabasco y Las Choapas, Veracruz.
La CNDH considera necesario que se actúe con la debida diligencia en la investigación y procesamiento de los responsables, pero sobre todo, en las medidas de prevención para proteger a las personas migrantes que transitan por el país, y se garantice su seguridad e integridad personales, con independencia de su situación migratoria.
La investigación que realiza la CNDH se efectúa en el marco de sus atribuciones Constitucionales y legales, verificando que las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan su labor de brindar seguridad y protección a las personas, en el ámbito de sus respectivas competencias y evitar al mismo tiempo, que hechos como los acontecidos queden impunes.
