México, DF.- Las numerosas denuncias en contra de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) hechas por niñas y niños hondureños en voz de Roberto Herrera, comisionado Nacional de los Derechos Humanos del país centroamericano, deben ser investigadas de manera inmediata y exhaustiva hasta deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables, exigió la senadora Angélica de la Peña.

Señaló que es intolerable que autoridades migratorias mexicanas cometan atropellos a los derechos humanos de niñas y niños centroamericanos que transitan por territorio nacional, sobre todo cuando el gobierno mexicano presume los avances logrados en la materia a nivel internacional y no cesa de informar que protege de esas mismas arbitrariedades a las y los niños mexicanos detenidos en Estados Unidos en circunstancias similares, “no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa”.

Dijo que de comprobarse los hechos denunciados en contra de funcionarios del INM estaremos frente a la infracción de preceptos constitucionales y de tratados internacionales, el primero y fundamental es velar en todo momento por el interés superior de la niñez.

La también presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente indicó que las disposiciones legales obligan a que las personas menores de edad cuya situación migratoria sea irregular deben ser canalizadas a algún albergue del DIF de manera inmediata, por lo que su retención en estaciones migratorias es totalmente ilegal.

La organización civil Sin Fronteras ha evidenciado que en estaciones migratorias encontró a niños migrantes conviviendo con adultos, sin espacios adecuados y con afectaciones sicológicas por las condiciones de su encierro.

La senadora del PRD aseveró que el INM debe ser reestructurado lo antes posible, pues las denuncias contra su actuar no son nuevas e incluyen señalamientos por participación en trata de personas, intimidaciones, uso excesivo de la fuerza y prácticas abusivas según un informe de 2013 del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).

Sin Fronteras también puntea que los impactos en la salud mental de los menores son mayores en quienes intentan llegar solos a Estados Unidos, pues se percibe depresión, desesperanza y ansiedad, en ellos y esta situación los coloca en especial estado de vulnerabilidad porque se atenta contra su integridad física y sus derechos humanos.

De la Peña Gómez presentó el 25 de junio un punto de acuerdo en el que solicita la comparecencia del titular del INM, Ardelio Vargas, y una iniciativa el 18 de febrero para modificar la Ley de Migración a fin de que las estaciones migratorias no sean en la práctica centros de arraigo.

El Poder Legislativo no permanecerá inerte ante los abusos cometidos por autoridades migratorias, especialmente en contra de niñas y niños migrantes no acompañados, y tomará todas las acciones que le permitan sus facultades para que la política migratoria y el INM tengan un enfoque pro persona, apegados a la protección de los derechos humanos y siempre tomen en cuenta las circunstancias que obligan a una persona a abandonar su país de origen, concluyó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.