* Dirige MNPT Informe de Supervisión al Gobierno del estado de Puebla y cuatro municipios
Ciudad de México.- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) solicitó al Gobierno del estado de Puebla mejorar el trato y condiciones de las personas privadas de la libertad en tres centros de reinserción social distrital y en uno de reinserción social regional, por las irregularidades y deficiencias que presentan; riesgos que pueden derivar en malos tratos y tortura y violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Por ello, el MNPT dirigió su Informe de Supervisión ISP-9/2018 al gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, y a los presidentes municipales de Acatlán de Osorio; Libres; San Pedro Cholula y Tepeaca, por irregularidades relacionadas con la falta de trato humano y digno, legalidad y seguridad jurídica, protección de la salud, integridad personal y atención a personas mayores o con algún tipo de discapacidad.
De acuerdo con dicho Informe, en esos centros se detectaron autogobierno, falta de instalaciones, mantenimiento e higiene en las existentes, presencia de fauna nociva, inexistencia de áreas para mujeres, ocupación de los cuatro centros por encima de la capacidad instalada, hacinamiento, deficiencias en la alimentación e irregularidades en la aplicación de medidas disciplinarias.
Asimismo, inexistencia de actividades laborales remuneradas, insuficientes actividades educativas y deportivas, falta de reglamento y de protocolos de actuación en caso de incidentes violentos, deficiencias en la atención de la salud, falta de capacitación al personal, insuficiente personal de seguridad y custodia, así como falta de supervisión por parte de la autoridad inmediata superior.
Los cuatro centros, administrados y operados por los municipios, son denominados: Centro de Reinserción Social Distrital de Acatlán de Osorio, Centro de Reinserción Social Distrital de Libres, Centro de Reinserción Social Regional de San Pedro Cholula y Centro de Reinserción Social Distrital de Tepeaca.
El MNPT observó que las personas privadas de la libertad se inconformaron por la alimentación, ya que solo reciben dos alimentos al día o en su defecto les otorgan 150 pesos mensuales por persona, para que adquieran su despensa y preparen su comida; así como falta de mantenimiento y de higiene en los dormitorios y en las instalaciones.
También, fauna nociva; existencia de camas improvisadas y en algunos casos las personas internas duermen en el suelo; falta de agua; drenaje obstruido; humedad en techos y paredes; ocupación por encima de la capacidad instalada y hacinamiento, irregularidades que afectan la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, ya que menoscaban el respeto a la dignidad humana y constituyen formas de maltrato.
El informe destaca la situación de personas sancionadas con medidas disciplinarias que van de los seis, ocho, diez meses y hasta un año de castigo; insuficiencia de actividades educativas y deportivas por falta de personal técnico, de seguridad y custodia; inexistencia de actividades laborales remuneradas; internos que ejercen funciones de autoridad; insuficiente personal de seguridad y custodia, y falta de protocolos de actuación en caso de incidentes violentos, así como de programas para su prevención y atención.
Es importante señalar que dichos centros no cuentan con los requerimientos necesarios de seguridad e infraestructura para personas con calidad de procesados o sentenciados.
Por ello, el MNPT recomendó al Gobierno del Estado de Puebla y a los municipios de Acatlán de Osorio; Libres; San Pedro Cholula y Tepeaca garantizar que todas las personas privadas de la libertad cuenten con los espacios adecuados para cocinar y recibir alimentos cuyo valor nutritivo y cantidad sea suficiente para el mantenimiento de su salud.
Además; se suministre regularmente agua potable; realizar una evaluación sobre el mantenimiento y equipamiento de las instalaciones y la construcción de los espacios que reúnan las condiciones de habitabilidad que permitan a las personas privadas de la libertad tener estancia digna.
Asimismo, diseñar una política penitenciaria encaminada a mejorar el sistema y la infraestructura con enfoque de género; distribución equitativa que evite áreas con hacinamiento y no permitir la ocupación de los Centros por encima de la capacidad instalada; aplicar sanciones disciplinarias conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; capacitar al personal; realizar una evaluación sobre los requerimientos de los centros visitados, para que todas las personas privadas de la libertad tengan acceso a las actividades de carácter deportivo, educativo, laboral y de capacitación necesarias.
También, implementar programas para prevenir y atender oportunamente situaciones de peligro, emergencia o eventos violentos; asignar el número de elementos de seguridad suficiente para su correcto funcionamiento y que las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas que se encuentren en esos centros sean trasladadas a la brevedad a los establecimientos penitenciarios estatales más cercanos a su domicilio, y mantener el objetivo de las cárceles municipales como centros para el cumplimiento de sanciones administrativas.
Este informe ya fue debidamente notificado a su destinatario y puede ser consultado en la página www.cndh.org.mx
