* Datos de la ONU-Habitat indican que cerca de 38.4 por ciento de la población de México vive en condiciones de hacinamiento: Fuentes Solís

Ciudad de México.- En México hay más de 10 millones de viviendas sin propietario legal, situación que da origen a problemas que confluyen en rupturas familiares y en consecuencia conllevan al abandono de los inmuebles, mientras se dirimen los conflictos legales, destacó el senador Víctor Fuentes Solís.

Datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) indican que las viviendas irregulares generan asentamientos informales, pues los habitantes no ostentan derecho de tenencia sobre las tierras o casas en las que habitan, y esto deriva desde la ocupación ilegal hasta alquiler informal, mencionó.

Además, los barrios suelen carecer de servicios básicos e infraestructura urbana, por lo que las casas podrían no cumplir con regulaciones y de planificación; y suelen estar ubicadas geográfica y ambientalmente en áreas peligrosas, apuntó el legislador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN).

Fuentes Solís enlistó en la Gaceta Parlamentaria del 8 de noviembre, un Punto de Acuerdo para exhortar a los 32 gobiernos estatales que, en coordinación con autoridades municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, implementen jornadas de asesoría jurídica y de regularización notarial gratuitas, que permita a las y los ciudadanos regularizar la propiedad privada.

El proyecto, que fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, destaca que la ONU-Habitat estimó que al menos 38.4 por ciento de la población de México vive en una vivienda no adecuada, en condiciones de hacinamiento, hecha sin materiales duraderos o que carece de servicios mejorados de agua o saneamiento.

Además, según el Registro Único de Vivienda, la construcción de casas nuevas en el país cayó a su nivel más bajo en los últimos nueve años, por lo que la disminución en el desarrollo de vivienda formal ha desatado problemas de hacinamiento y vivienda irregular, lo que pone en riesgo el patrimonio y la integridad de los habitantes de menores recursos.

Esta situación se ha convertido en un problema de carácter económico y social, ya que la construcción no sólo moviliza 37 ramas de la industria y 10 de servicios, sino que la vivienda informal le cuesta al país 138 mil millones de pesos al año, dijo el senador.