Porfirio Santibáñez Orozco

ESTÁN DADAS LAS CONDICIONES BÁSICAS para que empiece a imperar una buena dosis de justicia en el estado; si en los años que están por venir esta posibilidad se convierte en un logro, será porque tanto gobierno como sociedad supieron empujar en el mismo sentido.

Una de las condiciones básicas la constituye el respeto a la normatividad vigente que engloba desde las constituciones, la federal y la local, hasta los reglamentos pasando por las leyes secundarias; todas ellas se pueden aplicar para encauzar y hasta resolver la mayor parte de los problemas, pero hasta ahora quienes tenían la obligación de hacerlo no lo han hecho por los juegos de intereses en disputa.

Otra condición igualmente importante es la presencia activa de un pueblo agraviado pero vigilante que ya no está dispuesto a seguir esperando, que expresó su hartazgo en las votaciones del 4 de julio pero que, antes y después de la jornada electoral, se ha inconformado recurriendo a las formas clásicas de protesta social: denuncias, manifestaciones, marchas, plantones y otras.

Una tercera condición que, andando el tiempo podría convertirse en la más importante porque engloba a las tres, son las declaradas intenciones del gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, de llamar a la reconciliación sin olvidar que hay agravios y rezagos históricos que deben de ser reparados.

Todo eso podrá plantearse, sin embargo, una vez superada la resistencia de quienes se niegan a reconocer que ya perdieron. La coyuntura del más corto plazo está llevando a hacer pronunciamientos. El titular del gobierno saliente además de amenazar al gobierno federal ha clamado venganza y está tratando de dejar un estado desastroso, en ruinas, imposible de manejar y, desafortunadamente, tiene los recursos y el tiempo suficiente, de aquí a diciembre para hacerlo, así sea de manera transitoria.

Si Ulises Ruiz intenta imponer decisiones transexenales al gobierno entrante, no hará nada que no hayamos visto. En su tiempo, Diódoro Carrasco Altamirano logró que el sumiso congreso del estado aprobara una ley que daba protección a seleccionados funcionarios de su gobierno que al terminar su periodo y dejar sus cargos recibirían dicha protección. Esa ley, por cierto, si la memoria no nos falla fue una de las primeras que derogó el siguiente gobierno, el de José Murat, aunque en la práctica si se ha brindado protección a ex gobernadores y ex funcionarios.

Si URO logra afectar la gestión de un gobierno que no será de su partido, lo único que va a propiciar, en realidad, es que a él le vaya peor de lo que ya tiene ganado hasta ahora; esta estrategia priísta es tan conocida y tan elemental que difícilmente pasará.

Seguramente le resultará familiar al lector si le decimos que consiste en abusar del poder para obstaculizar el trabajo de gobierno de un partido distinto, imponerle decisiones contrarias a sus planes políticos para luego hacer campañas de propaganda que difundan que no saben gobernar y que, en consecuencia, los únicos capacitados para hacerlo son los tricolores.

Esta estrategia, que tampoco es nada nueva, se ha usado en nuestro estado desde hace muchos años y les ha dado muy malos resultados a sus promotores. La usó desde 1981 el gobernador Pedro Vásquez Colmenares cuando enfrentó al primer ayuntamiento coceísta de Juchitán, el dirigido por Leopoldo de Gyves de la Cruz, al que en principio le negó recursos para funcionar y luego tuvo que ceder porque la COCEI pidió y obtuvo solidaridad nacional luego de una marcha de Juchitán a Oaxaca que puso al estado en la mira nacional.

Los primeros llamados que el gobernador electo le hizo a su antecesor en el sentido de que actuara con madurez no se entendieron. Después, el mensaje tuvo que ser más directo y abierto: Gabino Cué denunció, este sábado 10 de julio, que Ulises Ruiz está intentando endeudar más a los habitantes del estado al contratar nueva deuda que tendríamos que pagar entre todos y que pretende basificar a cientos o miles de trabajadores del gobierno del estado.

El siguiente episodio está por concretarse y su resultado se verá hasta diciembre; ambos dependerán de lo que haga el que ya fue derrotado en las urnas. Lo que pretende arrebatar mediante subterfugios administrativos no tendrá mayores consecuencias. Abundaremos…