Otro conflicto en puerta
Porfirio Santibáñez Orozco
Y SIGUE la mata dando más quehacer a quienes han dicho que están dispuestos a cambiar al estado; ahora se trata de algunos municipios que empiezan a quejarse de las imposiciones que pretenden hacerles lo cual se traducirá en nuevos problemas que requerirán de la mediación gubernamental.
Lo sucedido en los últimos días vuelve a recordarnos que las más variadas autoridades del estado tienen la costumbre de no respetar el pensar, el sentir y menos las decisiones de la población, lo que da lugar a conflictos que se presentan uno tras otro.
Quienes dirigen el proceso de transición democrática en el que según un amplio sentir nos encontramos deberán atender esta demanda central cuando se presente y ellos entren en funciones, porque el gobierno actual ya no hará nada para resolver este tipo de asuntos y más bien defenderá con uñas y dientes a quienes identifique como suyos.
Uno de los casos más recientes de nuestra vida pública local permite conjeturar por qué somos, aparentemente, un estado tan conflictuado.
En la población de La Pe, perteneciente a Ejutla de Crespo, un sector importante de la población se queja de que el presidente municipal Antonio Aquilino Martínez Silva se niega a reconocer el triunfo de Thelma Adriana Chávez Chonteco como presidenta municipal electa bajo el sistema de usos y costumbres y quiere imponer a Florencio Ramírez Cruz en la presidencia municipal.
Además de ser un caso más de imposición política cometido por funcionarios menores envalentonados por el alcohol y la posesión de armas de fuego, es una nueva muestra del primitivismo y la misoginia que aun impera en estos niveles de gobierno y lleva a este tipo de personajes a gritar que las mujeres no tienen derecho a elegir ni ser elegidas.
Nuestro precario estado de derecho todavía permite que situaciones como ésta sean juzgadas y sancionadas por autoridades que no estén directamente implicadas en el asunto y que, por no estar involucrados, puedan juzgar con imparcialidad los hechos para hacer justicia.
Los habitantes de la Pe han dado a conocer que si no se respeta su decisión bloquearán el Instituto Estatal Electoral, a donde ya fueron y no les han hecho caso, y cerrarán carreteras en la capital del estado.
Como primera medida, las nuevas autoridades tendrán que ir sentando precedentes, investigar exhaustivamente los hechos y deslindar responsabilidades.
El caso de La Pe podría ser un claro ejemplo de cómo la falta de respeto a las decisiones comunitarias de quienes no saben perder genera conflictos inútiles y por qué los oaxaqueños tienen que gritar para que les hagan caso. No es el único caso y por eso mismo… abundaremos.
