Continúa la estela de sangre
Porfirio Santibáñez Orozco
Con el asesinato de Catarino Torres Pereda se incrementa el número de luchadores sociales sacrificados por órdenes de intereses que difícilmente van a ser encontrados, investigados, señalados y castigados.
Se confirma también que, desafortunadamente, la nuestra es todavía una sociedad que tolera prácticamente la violencia en la medida en que no empende ni exige que se lleve a cabo una acción de fondo si no para erradicarla por lo menos para paliarla.
El nombre de Torres Pereda se sumará ahora a la ya larga lista de sacrificados por grupos de poder que probablemente vieron afectados sus intereses y decidieron eliminarlo.
Ahí quedará, en esa relación, esperando justicia porque, como ha sucedido hasta ahora, ninguna autoridad será capaz de ir más allá de lamentar el hecho, confirmar sus buenas intenciones y aclarar este nuevo y reprobable crimen.
Como del gobierno que terminará en cinco o seis semanas ya no se puede esperar prácticamente nada, cabe la pregunta de si la administración que empieza el primero de diciembre será capaz de retomar el caso, investigar responsablemente el hecho y sancionar a los culpables a pesar de la muy probable omisión, torpeza o intención deliberada para desaparecer evidencias.
¿Qué intereses afectó la lucha que estaba dirigiendo el Comité de Defensa Ciudadano (CODECI) encabezado por Torres Pereda? ¿Los autores intelectuales de este nuevo crimen son los mismos que en su momento ordenaron las ejecuciones de César Toimil, Margarito Montes y la desaparición de Miguel Herrera Lara?
Estas y muchas interrogantes similares quedarán flotando en el aire y se mantendrán a la espera de que alguna autoridad responsable las retome y les busque una solución. Abundaremos…