Juicio a la Cámara y condena a los legisladores

Porfirio Santibáñez Orozco

A pesar de la oposición de algunos diputados y de las indignadas denuncias que se están ventilando en la mayor parte de los medios, lo más probable es que en pocos días la mayoría priísta del congreso local se imponga, exonere a Ulises Ruiz Ortiz y lo declare inocente de los actos de violencia que funcionarios de su gobierno cometieron durante el sexenio que por fortuna está a punto de terminar.

Los diputados priístas nunca se han caracterizado por escuchar la voz de la sociedad que ahora está clamando justicia ni se distinguen por tener un criterio y decisiones propias. Es cosa sabida que se mueven a la voz del amo y por eso va a ser muy difícil que no procedan o se rebelen si es que recibieron la orden de “juzgar” en horas al “Juárez del siglo XXI” para declararlo inocente.

Si la legislatura saliente deja sentado el nefasto precedente de legalizar con su mayoría de votos la impunidad y propicia que el presunto jefe de los criminales escape de la justicia; el nuevo gobierno y en particular el siguiente congreso recibirán un pasivo más.

Gabino Cué y la nueva mayoría del congreso entrante tendrán la enorme responsabilidad de buscar con imaginación caminos legales que impidan que además de las atrocidades cometidas tengamos que soportar esta nueva burla de los agresores.

Para muchos ciudadanos no será suficiente con que los actuales diputados de oposición en la legislatura saliente denuncien, se opongan y voten en contra de la medida. Tampoco bastará con que el gobernador electo declare, como lo hizo este lunes 2 de agosto, que ese juicio político es una farsa.

Lo que importará saber, a partir de ahora, es qué harán legalmente los integrantes del nuevo gobierno para que, a pesar del blindaje legal que se quiere otorgar a URO, el largo brazo de la justicia lo alcance a él junto con quienes amenazaron, golpearon, asesinaron, encarcelaron y reprimieron a los oaxaqueños que protestaban contra su autoritarismo.

Los diputados electos tienen varios meses para pensar cómo van a castigar, a nombre de la agraviada sociedad oaxaqueña que depositó en ellos su confianza, a quienes hoy tratan de burlar la acción de la justicia, incluidos aquí por supuesto los legisladores priístas actuales. Hasta hoy no se ha visto un caso en el que un ex legislador sea llamado a cuentas y, si la ley lo permite, esta podría ser una primera ocasión; si hubiera justicia estos diputados deberían ser inhabilitados de por vida o por un largo tiempo para ocupar nuevos cargos públicos.

Además, según lo que han dicho algunos expertos en el tema, en el derecho internacional los crímenes de lesa humanidad como los cometidos en Oaxaca no prescriben.

Lo que si se puede asegurar es que lo peor que podrían hacer tanto el nuevo gobernador como los diputados electos, sería considerar el caso cerrado, calificar la violencia del sexenio como cosa juzgada o conformarse con “castigar” a uno que otro chivo expiatorio.

Aunque sus cómplices legislativos exoneren a Ulises Ruiz, eso no quiere decir que ahí va a terminar todo; en el mejor de los casos esta nueva chicanada solo retardará un poco más la acción de la justicia, pues si bien importa señalar y castigar a los que delinquieron, será más trascendente darles su merecido a los que dieron las órdenes.

El nuevo congreso y el nuevo ejecutivo van a necesitar investigar imparcialmente todos los hechos del sexenio, especialmente los ligados a la crisis de 2006 y obrar en consecuencia. Abundaremos…