Elección de procurador
Porfirio Santibáñez Orozco
Lo primero que salta a la vista es que se trata de una terna integrada por profesionales del derecho egresados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), que por otra parte son abogados postulantes y, además, tienen una considerable trayectoria en el campo al haber desempeñado diferentes cargos en el ámbito de la procuración de justicia en el estado.
Esta vez no hubo, como se acostumbraba, la propuesta de un candidato conocido por tener cierta carrera política; es decir, el perfil ocupacional cambió y es deseable que el resto del procedimiento de elección también se modifique.
Quizá alguien pueda objetar que los tres son poco conocidos en el ámbito público y que inclusive los propios diputados no tengan, probablemente, elementos suficientes para discernir cual podría ser la mejor opción.
Sin embargo, la postulación no puede estar fincada en que los candidatos sean conocidos o no, sino en su formación profesional, en su experiencia y en el conocimiento del medio.
En el pasado reciente las cosas no eran así. En tiempos del más rampante autoritarismo el gobernador era el que designaba directamente al procurador; cuando se reformó el procedimiento, se le dio intervención al congreso pero se enviaron ternas en las que ya había un elegido por el Ejecutivo, los nombres de los otros dos estaban ahí de relleno y la mayoría priísta de diputados, actuando bajo consigna, solo formalizaban el nombramiento.
Es de esperar que ahora las cosas no ocurran así, que en esta ocasión el congreso analice con minuciosa responsabilidad las propuestas que les han sido enviadas, que elijan la opción más calificada para el cargo, que contemplen incluso la posibilidad de que ninguno de los propuestos tenga el perfil necesario para el cargo; es decir, que los diputados actúen libre pero también responsablemente y que, en todo caso, si la elección fuera desatinada lo digan los hechos y resultados.
Ahora que el nuevo gobierno y la sociedad están haciendo el esfuerzo de construir una sociedad verdaderamente democrática que supere la simulación en la que vivimos durante mucho tiempo, cobran sentido algunas de las propuestas que el propio Ejecutivo ha hecho recientemente; en el caso de una falla grave lo lógico sería revocar el mandato concedido, eso sí en el marco de una ley explícita, consensada, aceptada por todos y transparente que, por cierto, está por elaborarse. Abundaremos…
