Privatización silenciosa

Porfirio Santibáñez Orozco

En la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca está ocurriendo, desde hace algunos años, un fenómeno en el que pocos han reparado a pesar de su gravedad y de las consecuencias que, indudablemente, le producirá al estado: poco a poco se ha ido implantando, con el apoyo de autoridades universitarias del más diverso nivel, un proceso de privatización silenciosa que está encareciendo los costos de la educación impartida en esa casa de estudios sin mejorar la calidad de la enseñanza.

Quienes están pagando las consecuencias de este deleznable fenómeno son, en primer lugar, los padres de familia por ser ellos los encargados de tener que sacrificar, aún más, la precaria economía de sus hogares en el intento de dar educación superior a sus hijos; pero el asunto no termina ahí pues empieza a detectarse una tendencia cada vez mayor a la deserción de alumnos por razones económicas.

Si los primeros afectados son los padres y muy poco después resienten los efectos negativos del encarecimiento los alumnos, está por llegar el día en que la sociedad como tal se vea afectada al limitarse, cada vez más, la posibilidad de que los jóvenes reciban una formación profesional.

Hace varios meses, el columnista Cuauhtémoc Blas López, director de la revista En marcha, comentó en una de sus  “Crónicas de la ínsula” que no entendía por qué los padres de familia se empeñaban tanto en hacer lo posible porque sus hijos pudieran ingresar a una de las universidades más caras y de menor calidad en el país. Acostumbrados como todavía estamos a la abulia ciudadana y a una de sus más lamentables consecuencias, la opacidad, nadie respondió a esa pregunta que podría ser un buen punto de partida para indagar qué es lo que ocurre en el campus universitario.

Ahora que, como cada año, la institución está viviendo su proceso normal de inscripciones y reinscripciones vuelve a aflorar el tema de la educación cara y de mala calidad que se imparte si bien NO en TODA la universidad, por lo menos en varias de sus partes. Recientemente ha trascendido que para ingresar a alguna de las carreras universitarias, quienes trafican con esos espacios con la indudable complacencia de funcionarios universitarios todavía no descubiertos, estan llegando a pedir hasta cien o 150 mil pesos, dependiendo de la carrera.

No creo posible que con el actual gobierno y con las autoridades que la universidad tiene se pueda lograr mucho al respecto; ambos constituyen un régimen que va de salida.

Va a ser preciso esperar a que tome las riendas del estado el nuevo gobierno surgido del 4 de julio para ver, incógnita por resolverse, si está dispuesto a rescatar a una institución que hundieron en un mar de mediocridad gobernadores a los que solo les interesó la institución como masa de maniobra y no la educación de calidad que pudiera impartirse en sus aulas.

Corresponsables de esta lamentable destrucción fueron rectores sumisos al poder regional que, con honrosas y contadas excepciones, prefirieron asegurar su futuro personal en lugar de aprovechar el rango constitucional que tiene la autonomía para enfrentar a los enemigos de la educación pública que hicieron lo que quisieron sin que casi nadie les dijera nada. Abundaremos…