1.- La libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos no puede ser moneda de cambio en el ejercicio de las atribuciones legales del gobierno respecto al otorgamiento, refrendo y retiro de concesiones a los permisionarios de los medios de comunicación.

2.- Ni los intereses económicos, ni los intereses políticos, deben estar por encima de los derechos de la audiencia a ser debidamente informada mediante el ejercicio pleno de la libertad de expresión por parte de los comunicadores, con independencia de posiciones ideológicas o cuestionamientos a las políticas y personajes públicos.

3.- Estos hechos reiteran la necesidad de contar con una mejor legislación que, sin demérito de la rectoría del Estado, impida la discrecionalidad caprichosa del gobierno, otorgue certeza jurídica a los concesionarios, fomente la competencia y cierre el paso a la concentración monopólica.

4.- Consideramos a Carmen Aristegui una voz imprescindible de nuestro México plural y diverso. Sería una pérdida que la suya, como la de otros comunicadores, se silenciara por intereses distintos a los de la sociedad como lo es el derecho a estar debidamente informada.

5.- Resulta inaceptable e indigno que cualquier gobierno sea preso de los intereses corporativos de cualquier consorcio, por más poderoso que este sea.

Pero también resulta inadmisible que la autoridad utilice arbitrariamente las herramientas que le da la ley para someter a los particulares, privándolos de sus derechos por no acatar sus pretensiones o designios.

Hacemos un llamado a que los hechos sean total y debidamente aclarados y se actúe en consecuencia.

Acapulco, Guerrero, 16 de agosto de 2012