Entrelíneas
Miguel Ángel Schultz
El rostro amable e idílico que muestra el espectáculo de “La Guelaguetza” del mundo indígena, oculta tras de sí la explotación y saqueo al que son sometidos los pueblos originarios de Oaxaca, que por naturaleza es subversiva, al ser su territorio en un 80 por ciento propiedad social, a través de comunidades, ejidos y colonias agrarias.
Las 16 etnias que conforman Oaxaca han resistido el embate de los programas de privatización de la tierra, como el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), puesto en marcha durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 1992; que se transformó en el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), y también el Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH).
Los pueblos indígenas en Oaxaca son tratados con menosprecio, que más prueba de ello que la masacre del pueblo mixteco de Nochixtlán, cometida por elementos de las policías Estatal y Federal -el pasado 19 de junio- que dejó un saldo de ocho personas asesinadas y cuyos lesionados, apenas este 24 de julio 106 personas salieron en caravana a recibir atención médica a la ciudad de México -un mes después de heridos-, resguardada por organismos defensores de los derechos humanos.
Apenas el 6 de julio, el gobernador Gabino Cué Monteagudo declaró orgulloso que durante su sexenio, en el periodo 2011-2015, el estado de Oaxaca pasó del lugar 22 a la séptima posición nacional en producción de metales como plata, oro, plomo, zinc y hierro, entre otros. Sin embargo, los índices de pobreza siguen al alza, sin que se vea reflejada una mejoría en los pueblos indígenas de Oaxaca.
El jefe del Ejecutivo se cuidó muy bien de mencionar la oposición que existe en Ciudad Ixtepec, municipio del Istmo de Tehuantepec, para que sean explotadas ocho mil 150 hectáreas, a cielo abierto, al considerar que la minería sólo les dejará muerte a través de la afectación del medio ambiente de esos 81 millones 150 mil metros cuadrados, otorgados en concesión por 50 años por el gobierno federal, apoyado por el estatal.
La beneficiaria es el consorcio Plata Real, filial de la canadiense Linea Gold Corporation, para extraer minerales del lote denominado Niza. Mediante esta concesión, con el número T-232089, en ocho mil 150 hectáreas, para la extracción de oro y plata a cielo abierto.
Hay que mencionar que con la Reforma Energética, ahora las mineras, pueden también participar en la extracción petrolera y de gas con la técnica del fracking, método cuya agresión al medio ambiente está más que comprobado; el apetito de las mineras de enriquecimiento no sólo se saciará con los minerales, lo que es un doble riesgo para los pueblos originarios.
Pese a la existencia de instrumentos legales para proteger los territorios indígenas de Oaxaca y del país, los gobiernos son omisos y promueven el despojo de esos territorios por las riquezas que contienen, para entregarlas al mejor postor.
También Cué Monteagudo se muestra indiferente ante la invasión del territorio de Los Chimalapas del pueblo Zoque, que promueven ganaderos y madereros, apoyados por el gobierno de Chiapas, que constituyó el municipio Belisario Domínguez, en territorio de Oaxaca.
Ante ese hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró ilegal a ese municipio, según resolución del 2 de marzo, pero éste sigue operando en el municipio de Cintalapa, Chiapas, por lo que el Gobierno de Oaxaca debería acudir a las instancias legales, para que se dé cumplimiento a la sentencia de la SCJN, pero se muestra omiso.
Es evidente que los derechos de los indígenas de Oaxaca no existen para el Gobierno del Estado que dice los representa, preocupado más explotar la cultura de los pueblos originarios a través de sus danzas, ropa, bailables, comida y tradiciones a través de lo que se conoce como “La Guelaguetza”. La elite gobernante no percibe que de perder sus territorios los indígenas, perderá las ganancias que deja vender su cultura.
@MiguelAschulz
