* El mensaje de las agresiones es que lo ocurrido a uno puede sucederle a los demás, para silenciar la libertad de expresión
* Autoridades federales y estatales han incumplido con su deber de prevenir, investigar y sancionar los crímenes contra comunicadores

Mérida, Yucatán.- El elevado índice de impunidad en las agresiones contra periodistas y medios de comunicación ha generado aumento en el número de agravios que, de no atenderse, derivarán en un naufragio social y en la desesperanza de una sociedad cada vez más cansada de que la inseguridad se apodere de su vida diaria, determine sus decisiones personales y familiares, o marque con una tragedia personal sus proyectos de vida.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que tales agresiones llevan el mensaje de advertencia de que lo que pasó a un comunicador puede ocurrirle a los demás, buscando silenciar así la libertad de expresión.

La CNDH, agregó, ha comprobado que las autoridades federales y estatales han incumplido con su deber de prevenir, investigar y sancionar los crímenes contra comunicadores, como lo demuestra el análisis de 176 averiguaciones previas relacionadas con homicidios, desapariciones y atentados contra instalaciones de medios de comunicación, de las cuales sólo en 10 por ciento de los casos existía sentencia condenatoria y en el 90 por ciento restante impera la impunidad.

Al participar en el Segundo Foro Regional sobre la Libertad de Expresión y el Rol de los Periodistas y Comunicadores en México, organizado por la CNDH y la Fundación Fernando Mora Gómez, realizado en la Universidad Autónoma de Mérida, en Yucatán, destacó que la falta de adecuada procuración de justicia para identificar al o los responsables y sancionarlos genera un clima de impunidad creciente que se traduce en patente para que se les hostigue, como este Organismo Nacional lo dio a conocer en la Recomendación General 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México”.

Explicó que en los casos de agravios a periodistas se debe poner en el centro de la violación a la libertad de expresión; investigar con perspectiva de género, estandarizar los protocolos, criterios ministeriales de investigación y mejora en los servicios periciales, promoción de legislación en materia de protección a periodistas.

Asimismo; crear mapas de riesgo; concientizar a los servidores públicos y a la sociedad en general sobre la importancia que tiene la libertad de expresión en la democracia, así como el respeto que merece la opinión de los demás para que se investiguen adecuadamente las agresiones a comunicadores.

También, señaló que las agresiones contra informadores han derivado en autocensura, desplazamiento y exilio forzado de periodistas, generando espacios de silencio en el país y vulnerando los principios fundamentales de una sociedad abierta, plural y democrática.

González Pérez reveló que el incremento en las agresiones se refleja en el número de quejas presentadas ante la CNDH, ya que en los últimos tres años se recibieron 96 en 2014; 80 en 2015; 98 en 2016, y 77 en lo que va de este año.

Dijo que los homicidios de periodistas han ido en aumento desde el año 2000, en que se presentaron cuatro de esos crímenes, con un incremento en los años 2006 y 2008 con 10 asesinatos, respectivamente, mientras que en los años 2009 y 2015 se dio un nuevo repunte con 12 homicidios cada uno y, por desgracia, 2016 se convirtió en el año más letal para los periodistas, con 13 homicidios registrados.

En lo que va de 2017 ya se han perpetrado 10 homicidios de comunicadoras y comunicadores en distintas entidades federativas, lo que indica que la violencia contra la prensa no cesa, sino que se incrementa a grandes pasos.

El ombudsman se pronunció por arropar el trabajo de los periodistas y defensores de derechos humanos, ya que de su labor depende que transitemos hacia estadios más democráticos.

Refrendó el compromiso de la CNDH para garantizar el debido respeto de la libertad de expresión y las mejores causas de la democracia, y mediante el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos atender de forma oportuna las quejas por presuntas violaciones en su contra, para que las autoridades respeten sus derechos y adquieran mayor sensibilidad sobre las actividades de periodistas y defensores de derechos humanos.

A su vez, Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez, manifestó el alto grado de preocupación del gremio periodístico, donde los comunicadores tienen que sortear día a día tanto el control fáctico de grupos criminales como el amago de los distintos órdenes de gobierno, que en muchos casos están coludidos; es inquietante que, lejos de disminuir, las agresiones y ataques contra comunicadores, van en aumento.

México, señaló, ocupa el primer lugar en peligrosidad para ejercer el periodismo en Latinoamérica y el segundo sitio a nivel mundial, sólo detrás de Irak, y sostuvo que en nuestro país reinan la impunidad y la corrupción, y es necesario investigar a fondo los ataques, y en las indagatorias, autoridades y sociedad no deben dirigir los reflectores sólo a factores superficiales sino llegar hasta las últimas consecuencias.

Externó las demandas de la Fundación que preside, que van desde obligar a las empresas periodísticas a garantizar salario y prestaciones dignas, previsión social y seguro de vida, hasta legislar para garantizar que la publicidad oficial se haga llegar equitativamente a todos los medios, y que el Mecanismo de Protección de periodistas sea preventivo y no reactivo.

Durante el encuentro destacó como común denominador en las exposiciones de periodistas la demanda de mayor capacitación y permanente comunicación con las instancias defensoras del ejercicio profesional del periodismo.

En esta reunión también estuvieron Renán Emilio Solís, abogado General de la Universidad Autónoma de Yucatán; Carlos Macedonio, director de la Facultad de Derecho de la UADY, y Mario Álvarez Ledesma, del Instituto de la Libertad de Expresión.